Abren juicio oral contra nueve personas por presunto fraude en los cursos de formación

Es la primera de las investigaciones judiciales por el presunto fraude de los cursos de formación que llega a juicio. Los acusados son el dueño de la empresa que impartía los cursos, Formación Integral para el Empleo, y su esposa, para quienes se solicita una fianza de tres millones de euros; así como un empresario que acreditaba gastos ante la Junta propiciando el fraude de las subvenciones, un asesor y las cinco personas que se prestaron a la simulación de la cesión del servicio de docencia y se encargaron de contratar a los profesores.

En este caso, según el auto, estas personas se presentaban como empresarios de la docencia cuando apenas se habían anunciado para dar clases particulares. Uno de ellos es el hijo de un exalcalde socialista en Lebrija (Sevilla), a quien se define en el auto como el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes y que supuestamente tendría una mayor retribución que el resto dado que su padre trabajaba en un organismo público pagador de las subvenciones.

El auto subraya que los cursos se impartieron con un coste real del 70 % menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, y gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas que se han localizado en varios cursos de Formador Ocupacional. Así, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y además el mismo concepto se facturaba por duplicado. En este sentido, el auto subraya que uno de los encausados acreditó gastos en la adquisición de material didáctico pese a que su empresa se dedicaba al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles.

El juzgado entiende que el fraude fue amparado por la normativa de 2009 que regulaba estas subvenciones, y que permitía entregar el grueso de la ayuda (75%) al inicio de la petición, dejando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Sin embargo, las comprobaciones se limitaban, dice el auto, a certificar que las facturas cumplían los requisitos formales, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas.