El PP recusa a la juez de los cursos de formación por la entrega de las grabaciones

Fuentes del PP han explicado a Efe que la recusación, planteada el 15 de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial, es solo por la participación de la juez en la entrega de las grabaciones y no por toda su actuación en la causa. La polémica por la entrega de las grabaciones ha llevado al PP a presentar en julio pasado tres quejas ante el Consejo porque aseguran que se las han ofrecido incompletas y sin algunos testimonios relevantes para la causa, cuyo archivo formal se producirá en las próximas semanas una vez que lo pida la Fiscalía.

La recusación promovida pretende que la juez no participe en el proceso de entrega de las grabaciones porque el PP asegura que es una competencia de la secretaria judicial, que tras la última reforma se denomina letrada de la Administración de la Justicia. La tesis del PP es que la juez está inmersa en el proceso de responder a la denuncia que presentaron contra ella por tres posibles faltas que habría cometido en su labor y no puede participar en la entrega de las grabaciones.

En la iniciativa del PP se afirma que, el 15 de julio, la juez resolvió sobre la primera petición por grabaciones incompletas o defectuosas, lo que la formación política niega al asegurar que lo plantearon el 19 de julio y además esa decisión correspondía a la secretaria y no a la instructora. En sus denuncias ante el Consejo, el PP afirma que la juez ha revelado datos, que sus resoluciones carecen de motivación y que también ha cometido la falta denominada "inobservancia en su deber de abstención".

Sustitución a Mercedes Alaya

La juez María Núñez sustituyó en junio del año pasado a Mercedes Alaya, que comenzó hace cinco años la instrucción de diversas causas de posible corrupción que afectaban a la gestión de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellas la de los ERE o los cursos de formación.

La iniciativa del PP se ha producido después de que el 23 de junio trascendiera que estaba previsto que se archivara la pieza política de los cursos de formación, que afecta a 24 dirigentes andaluces del PSOE, porque se considera que en esta causa hay irregularidades administrativas pero no delitos.