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Mateo Balín
Viernes, 2 de septiembre 2016, 14:05
La defensa del Partido Popular en el caso de los ordenadores que usó Luis Bárcenas en su despacho de la sede nacional ha recurrido el auto de procesamiento (transformación en procedimiento abreviado) dictado por la juez de Madrid a finales de julio. El abogado de ... los populares, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha pedido el archivo de la causa o, en su defecto, que la instructora permita realizar una serie de diligencias antes de decretar el sobreseimiento de las actuaciones. El PP está imputado como persona jurídica por delitos de encubrimiento y daños informáticos, al igual que tres empleados: la tesorera Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno.
A lo largo de 53 folios, la defensa centra su recurso de reforma en dos aspectos. Por un lado, afirma que en los discos duros de los dos ordenadores que utilizó el extesorero del PP no existían datos ni contenía información alguna. Esto es, que los equipos estaban vacíos y que no se ha podido demostrar lo contrario. Para refrendar su tesis considera que "ha quedado acreditado" a lo largo de esta instrucción y la que se sigue en la Audiencia Nacional ('causa de la caja B del PP') que Bárcenas "ha mentido" en sus sucesivas declaraciones. Por lo tanto, añade, "no tiene credibilidad alguna" para decir que en uno de los discos duros había información relevante sobre la contabilidad paralela de los populares.
Del otro lado, el abogado asegura que el "protocolo de borrado seguro" se aplicó con la creencia de que no existían datos, aunque no respondió por qué Durán y Moreno llegaron a formatear hasta "35 veces" los discos duros "mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física", según consideró la juez instructora en su auto de julio, en el que propuso juzgar a los imputados.
"Destrucción a conciencia"
Según la juez Rosa Freire, bajo el tecnicismo de "aplicar los protocolos de seguridad y reasignación de los ordenadores" se escondía la "destrucción a conciencia" de los mismos.
Finalmente, la defensa del PP rebate la tesis de las acusaciones y la juez de que no hay un protocolo de seguridad informática en el partido, cuando en realidad, asegura, "hay más de setenta protocolos implantados y en funcionamiento" en la actualidad.
La juez considera que Alberto Durán, responsable de los servicios jurídicos del PP, fue quien alrededor de mayo de 2013, cuatro meses después de la expulsión de Bárcenas del partido, dio la orden al informático José Manuel Moreno para destruir los equipos y no dejar pruebas. La Fiscalía, en cambio, no apoya la tesis acusatoria.
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