La Audiencia cita a declarar al exdiputado popular Daniel Ortiz el 13 de septiembre

El pasado 15 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSMJ) suspendió la citación del exedil prevista para el 19 de septiembre, después de que éste renunciara a su escaño, dado que la sala ya no era competente para llevar el caso al no ser aforado. También se suspendió la citación en calidad de testigo del que fuera concejal de Infraestructuras del municipio David Sánchez del Rey.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye la trama Púnica, pidió al TSJM que investigara al exdiputado autonómico por delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho y precisó en un escrito que el que fuera alcalde de Móstoles entre 2012 y 2015 "presionó" continuamente a funcionarios y cargos municipales para que pasaran información confidencial a Cofely.

A lo largo de 74 folios Velasco detalló que el objetivo era el de beneficiar a esta compañía a cambio de comisiones y en perjuicio de las arcas públicas y de los intereses de la otra empresa licitadora que concurrían en el procedimiento. Además argumentó que se investiga en esta pieza de la trama -liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza- los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles y que eran "en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal"

Velasco también apunta a la intervención para el cobro de dádivas de quien fuera "su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y el hermano de este, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid). Ambos actuaban como intermediarios con la empresa, que es filial del grupo GDF Suez.

Defiende su inocencia

Tras ser llamado a declarar como imputado por el TSJM, el diputado autonómico decidió dimitir en aplicación al código ético del PP --que estipula renuncia voluntaria cuando un cargo es imputado en casos de corrupción-- y manifestó su inocencia respecto a los hechos que motivan la investigación.

Además, detalló que "por encima de todo" estaba su lealtad al partido y a su presidenta, el cumplimiento de sus compromisos éticos, y el compromiso personal con todos sus compañeros del Partido Popular". También expresó su "plena voluntad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que motivan esta investigación".