El juez de los ERE confirma el procesamiento de Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez

En un auto notificado hoy al que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla también rechaza los recursos presentados por el viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín y la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo.

La Fiscalía Anticorrupción también se había opuesto a los recursos presentados por los cuatro ex altos cargos de la Administración andaluza porque aseguró que el auto de procesamiento del juez "contiene un relato de los hechos con relevancia penal suficiente y claro".

En esta pieza "política" de los ERE, el juez ha procesado a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes andaluces Manuel Chaves, al que imputa prevaricación administrativa -que no conlleva prisión-, y a José Antonio Griñán, al que también imputa malversación.

Ambos expresidentes recurrieron el auto de procesamiento, dictado el 31 de mayo pasado, directamente ante la Audiencia de Sevilla, que aún debe pronunciarse al respecto.

El juez procesó a los 26 ex altos cargos por participar entre los años 2000 y 2011 en el reparto de 855 millones de euros para ayudas sociolaborales y de empresas con un procedimiento creado para "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Para rechazar el recurso de Zarrías, que argumentó entre otros motivos la ausencia de documentos pendientes de aportar, el juez asegura que "la documental pendiente no es esencial para poder fijar los hechos y su alcance, ni apta para sostener un descargo para los encausados".

"A Gaspar Zarrías se le imputa no sólo votar a favor de determinadas resoluciones del Consejo de Gobierno, sino el saber el alcance de las mismas, sus deficiencias, los defectos de su expediente y todo ello en relación al impulso e implantación del procedimiento específico, de modo que es esta finalidad la que dota su proceder de notable trascendencia penal", indica el juez.

Respecto a que no conocía su ilegalidad, el juez explica que el hecho de que conociese la situación económica de la región "sí guarda relación con que supiese del procedimiento específico y su funcionamiento, en cuanto que instrumento instaurado bajo excusa de actuar frente a esa crisis".

En este sentido, asegura que ése "es el núcleo de su responsabilidad penal, más allá de las modificaciones presupuestarias en las que participó como modo de coadyuvar a la marcha de dicho procedimiento".

Sobre Álvarez, que también fue ministra, el juez recuerda que alega falta de motivación del auto de procesamiento, lo que atribuye al "discurso" que "ha mantenido a lo largo de toda la instrucción y que se ha valorado como un mero intento de descargo, por lo que no ha sido acogido".