El Gobierno lanza toda su artillería jurídica para anular la votación de desconexión del Parlament

"No estamos solo ante un desacato al Tribunal Constitucional, sino ante un intento de colocar a una institución y a sus miembros por encima de la voluntad de la nación", ha explicado la número dos del Gobierno, que ha desvelado que la primera medida que se reclama a la corte de Garantías es que declare "nula y sin efecto jurídico" la votación de desconexión, decretando su "suspensión inmediata" por entender que "contraviente radicalmente" la sentencia de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional la consulta soberanista del 9-N y el auto del pasado 19 de julio en el que los magistrados ya avisaron que la Comisión Constituyente iba contra la Ley.

Pero el Ejecutivo quiere un toque de atención mucho más serio por parte del Constitucional. Una llamada directa a Forcadell y a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento para que se "abstengan de la realización de actuaciones" para el "cumplimiento de la resolución" del miércoles. El Ejecutivo pide que todos ellos de las "responsabilidades penales" en las que pueden incurrir si siguen desarrollando el acuerdo de la cámara autonómica. La Abogacía también pide al Constitucional una "prohibición expresa" a la Mesa del Parlamento para "convocar" a los "órganos" a fin de desarrollar la resolución impugnada.

En línea muy parecida, la vicepresidenta ha anunciado que se reclama también al Constitucional que se avise al presidente Puigdemont y "a su consejo de gobierno" que cualquier "propuesta legislativa que pueda servir para dar cumplimiento a la resolución impugnada" también podría abrir la vía penal por desobendiencia.

Sáenz de Santamaría ha dejado claro que el Gobierno no va a dudar en pedir la aplicación del artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional, que prevé un amplio abanico de sanciones a las "instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares" que "incumplan total o parcialmente" sus órdenes. Las sanciones van desde "multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros» a la «suspensión en sus funciones", O, incluso, "deducir testimonio" para "exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder" a las autoridades que desobedezcan.