El Gobierno actuará contra el paso «contumaz y muy grave» del Parlament

Sáenz de Santamaría, en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso, se ha referido así a la decisión del Parlament de aprobar las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía a la declaración unilateral de independencia.

La vicepresidenta, que ha considerado que esa decisión supone la vulneración del derecho de los españoles a decidir cuál es su marco constitucional, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Así, ha asegurado que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno va a seguir estando muy pendiente de las decisiones de las diversas instituciones de Cataluña para defender el orden constitucional, la igualdad de todos los españoles y su derecho a decidir cómo quieren que sea su país. De ahí que haya garantizado la plena vigencia del compromiso del Gobierno de "no dejar pasar ni una" y que hasta ahora le ha llevado a recurrir muchas decisiones y a que los tribunales le hayan dado la razón.

Unidad democrática

"Hoy es un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave", ha resaltado la vicepresidenta, que ha lamentado la insistencia de algunas instituciones catalanas y de sus representantes, especialmente los de la Mesa del Parlament, en hacer frente a las decisiones del TC. Ante ello, ha reiterado que el Gobierno ha venido actuando y actuará guiándose por varias premisas, entre ellas la búsqueda de la unidad democrática.

En ese contexto, ha informado de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se ha puesto en contacto esta mañana con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos para informarles de la actuación del Gobierno ante la decisión adoptada por el Parlament. "Se trata -ha dicho- de actuar conjuntamente frente a decisiones que nos atañen a todos".

A esa premisa de la unidad democrática, Sáenz de Santamaría ha añadido la voluntad política y la existencia de mecanismos jurídicos para responder al desafío soberanista. En desarrollo de todo ello es cuando ha explicado que el Consejo de Ministros tramitará el próximo viernes el acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución. Un asunto que ha sido analizado ya esta mañana por la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios.

Proceso en tres fases

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que en la resolución aprobada hoy por el Parlament se señala que el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases. Una primera de proceso participativo, una segunda de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes que conformara una Asamblea Constituyente que redactara un proyecto de Constitución, y una tercera de ratificación mediante un referéndum.

Ante todo ello, el Gobierno entiende que la propuesta de resolución aprobada esta mañana en el Parlament vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de desconexión. Y vulnera también, según el Ejecutivo, el auto de 19 de julio pasado en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en la pasada legislatura prevé que se pongan en marcha incidentes de ejecución con medidas cautelares de tipo coercitivo, incluidas multas y suspensión de cargos públicos, y también promover la actuación penal por parte de la fiscalía, cuando sean necesarios para obligar al cumplimiento de las sentencias del TC.

El Gobierno ha promovido hasta ahora dos incidentes de ejecución por incumplimiento de fallos del TC: uno relacionado con la resolución del Parlament de inicio del proceso político hacia la independencia; y otro por incumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el TC de la Ley de Acción Exterior de Cataluña.

Contundencia en la defensa de la Carta Magna

Fuentes del Constitucional consultadas han subrayado que, hasta el momento, el tribunal ha actuado con "contundencia" en la defensa de la Carta Magna, pero también con "prudencia, mesura y tranquilidad".

El pasado 19 de julio, el Pleno del Constitucional aprobó por unanimidad estimar el primero de esos incidentes y exigir a la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament catalán que respete la Carta Magna, al entender que su actividad es "absolutamente inviable" por su coincidencia con el "proceso de desconexión". El TC advirtió al Parlament, y "especialmente a la Mesa" de la cámara, de que la actividad de esa Comisión debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos de su reforma". De hecho, avisó expresamente "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados".