El PSOE impulsa la derogación de leyes del PP

En concreto, los socialistas han pedido la comparecencia de De Guindos en la Comisión de Economía para informar, con carácter urgente, del procedimiento abierto por la Comisión Europea "para sancionar a España y retener fondos europeos por incumplimiento del déficit", mientras que la presencia de Montoro, en la Comisión de Hacienda, sería para informar de las razones del cierre presupuestario del ejercicio 2016 y sus consecuencias.

Además, el grupo socialista ha presentado a la Mesa del Congreso, para su debate, una Proposición no de Ley para la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Así, en el texto de la iniciativa, el PSOE insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el PP "impuso en la X Legislatura" y abrir un proceso de diálogo social que, desde el acuerdo, culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza ordinaria de carta de garantía de los derechos laborales.

Recuperación del Pacto de Toledo

El PSOE también quiere que el Congreso recupere el Pacto de Toledo y, para ello, ha registrado otra Proposición no de Ley en la que reclama que se reconstituya de forma urgente el Pacto, "como expresión de consenso político y social". Se trata, dicen los socialistas en el texto, de acordar las medidas necesarias que permitan asegurar unas pensiones dignas, especialmente de las mínimas, y fortalecer la viabilidad del sistema.

El partido que lidera Pedro Sánchez también pretende que se aborde, con carácter urgente, la dignificación del salario mínimo interprofesional, acercándolo al 60% del salario medio, y la implantación inmediata de un ingreso mínimo vital para atender a las familias en situación de necesidad y así lo hace constar en otras dos Proposiciones no de Ley.

En la misma línea, el grupo socialista ha registrado una Proposición no de Ley de protección a los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. En el texto, los socialistas piden que se establezcan medidas que garanticen unas condiciones de "habitabilidad objetiva adecuada" en las viviendas de los consumidores vulnerables, de forma que tengan derecho al suministro energético suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas a un precio asequible garantizado por la tarifa social.

Finalmente, los socialistas han presentado también una proposición no de ley para derogar la ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, porque incide de manera "directa y negativa" en el ejercicio de diversos derechos fundamentales. Por ello piden paralizar la ejecución de las sanciones vinculadas a estos derechos y trabajar en la elaboración de una nueva normativa "más respetuosa" con la Constitución.

Comisión de investigación sobre Fernández Díaz

Por otro lado, el PSOE ha solicitado que se constituya una comisión de investigación en el Congreso que analice el uso partidista de las fuerzas de seguridad por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sus conversaciones con el exjefe de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso.

Se trata de una de las primeras iniciativas parlamentarias presentada por los socialistas en esta nueva legislatura, con la que proponen que durante al menos tres meses esta comisión parlamentaria investigue la utilización de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad "con fines políticos" por parte de Fernández Díaz para "obstaculizar los escándalos de corrupción del PP".

Una comisión que el PSOE también quiere que compruebe las conversaciones entre el titular de Interior y De Alfonso, así como la filtración a los medios de comunicación de "supuestas" informaciones elaboradas por este departamento con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos.

Los socialistas reclaman además que se investigue a algunos mandos de la cúpula de la Policía Nacional, entre los que cita al comisario José Manuel Villarejo, y que considera "relacionados con escuchas y practicas ilegales" e integrantes de "una verdadera policía política inadmisible en un Estado de Derecho".

Según la proposición presentada, el PSOE solicita que la comisión esté compuesta por tres miembros de cada grupo parlamentario de más de 100 miembros, dos representantes de cada fuerza con más de 50 y un miembro de los restantes grupos.