El riesgo de prescripción obliga a la juez de los ERE a abrir once nuevas piezas

La apertura de estas nuevas piezas se produce justo un año después de que, una vez llegada una nueva titular al juzgado, ésta decidiese dar un giro y, contra el criterio de la instructora inicial del caso, Mercedes Alaya, accediese a la petición de la Fiscalía de dividir la macrocausa en tres grandes bloques para agilizar una instrucción que acumula 270 imputados y 100.000 folios de sumario. Se organizaron entonces tres grandes bloques: una pieza política, correspondiente al papel del Consejo de Gobierno andaluz para instaurar y mantener en el tiempo un sistema de concesión de ayudas inadecuado, opaco y discrecional. Esta pieza, donde se incluyen a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es la más avanzada y se ha enviado ya a la Audiencia para iniciar el procedimiento abreviado que de paso al juicio oral.

El segundo bloque hace referencia a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, mientras que el tercer bloque se intuía el más complicado ya que hace referencia a cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas. No menos de 200 piezas, una por cada ayuda.

En este sentido, en un auto dictado el pasado martes y dado a conocer hoy, la juez Núñez Bolaños reconoce abiertamente que "resultando imposible, en atención al volumen de trabajo abrir todas y cada una de las piezas existentes, procede comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción". De hecho, hasta una veintena de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 han sido ya archivadas en lo que va de año al ser su cuantía inferior a los 450.000 euros y haber transcurrido más de una década desde que se recibieron los fondos.

Entre las once nuevas piezas ahora separadas se encuentran las ayudas dadas al conocido como "chofer de la coca" y su madre, el que fuera conductor del director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Trujillo, acusado de 22 delitos, confesó a la juez Mercedes Alaya que recibió 1,3 millones en ayudas de la Junta concedidas de forma irregular a empresas fantasma creadas expresamente para tales ayudas, y que incluso falsificó la firma de su madre para incluirla como beneficiaria de una prejubilación. Gran parte del dinero lo destinó a regalos, fiestas y drogas, igual que su jefe, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con quien aseguró haber consumido hasta 25.000 euros al mes en cocaína y al que hizo costosos regalos de telefonía, ropa o antigüedades.

Asimismo, en las nuevas piezas separadas se incluyen 26 ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte que la Guardia Civil vinculó durante la investigación con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Esta comarca sevillana, de la que proceden tanto Viera como el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, se benefició con 55 de los 85 millones en ayudas a empresas que se concedieron en Andalucía entre 2001 y 2010. De esa cantidad, 34 fueron a parar a manos de dos exconcejales socialistas.