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cristian reino / agencias
Jueves, 7 de julio 2016, 13:45
Todos los magistrados del pleno del Alto Tribunal, reunido este jueves, han declarado inconstitucionales algunas de las disposiciones incluidas en ley de medidas fiscales, aprobada por el Parlamento catalán en 2015, en la pasada legislatura. Entre otras herramientas de país contempladas en la norma, el ... Constitucional ha anulado la creación de una Agencia Tributaria propia, la principal reivindicación de los soberanistas, que aspiran a gestionar el 100% de los impuestos que pagan los catalanes.
También han sido declaradas inconstitucionales el catálogo de infraestructuras estratégicas, los planes directores de energía, telecomunicaciones y sistemas de información y del transporte ferroviario, así como la creación de un nuevo servicio meteorológico.
En cambio, el Constitucional no ha tumbado la Agencia de Protección Social, que ha pasado el corte, siempre y cuando los soberanistas no pretendan convertirla en la futura seguridad social. El Constitucional 'indulta' este organismo si se refiere a las competencias propias de Cataluña contempladas en el Estatuto en materia de protección social.
En su día, el tribunal de garantías ya suspendió, a petición del Gobierno, algunos artículos de la Ley 3/2015 de 11 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña, concretamente el 69 y el 95 y varias disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la norma.
Los dos artículos señalados se referían también al Servicio Meteorológico de Cataluña, cuya regulación se modificaba con esta Ley, y a la normativa sobre equipamientos comerciales. Sobre este último aspecto, la ley modificaba la regulación existente para regular su localización en zonas portuarias de titularidad pública.
Administración tributaria
En cuanto a las disposiciones adicionales impugnadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, se referían entre otros asuntos al Plan Director de la Administración Tributaria de Cataluña. Sobre este asunto la Generalitat se daba un plazo de cinco meses para aprobarlo con el objetivo de que éste fuera ejecutado en 12 meses para que fuera un "Instrumento de Planificación Estratégica de una Administración Tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias" en Cataluña. El Plan debería tener en cuenta soluciones tecnológicas e incluir una propuesta de normativa tributaria para Cataluña.
El resto de disposiciones que el Gobierno pidió anular vía recurso ante el TC se refieren al inventario de patrimonio de las Administraciones públicas de Cataluña y al catálogo de infraestructuras estratégicas -con el fin de garantizar la continuidad del servicio en dicho territorio.
También se pidió la nulidad de la norma en cuanto a las pretensiones de la Generalitat para la creación de una agencia catalana de la Protección Social y la creación de un Plan Director relativo a los sectores de la Energía de las Telecomunicaciones y los Sistemas de Información y del transporte ferroviario.
Leyes para "chocar" con el TC
El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha acusado a la mayoría soberanista de la cámara de hacer leyes para provocar un "choque de legitimidades" con el Tribunal Constitucional, y no para legislar a favor del interés de los ciudadanos.
Lo ha declarado a los periodistas desde los pasillos del Parlament, después de que el Alto Tribunal haya decidido este jueves de forma unánime suspender algunos artículos y disposiciones de la ley por la que la Generalitat estableció la creación de sus propias estructuras de Estado.
Pedret ha dicho que el PSC es partidario de ampliar el autogobierno catalán dentro del marco competencial de la Generalitat y del Estatut del 2006, pero que los soberanistas legislan expresamente para que el TC rechace sus propuestas, y así "no ganan ni los ciudadanos ni el clima de cooperación leal entre administraciones".
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