Los partidos judiciales, de puertas adentro

A través de su actividad se puede realizar una nítida radiografía de la planta judicial. Una vetusta organización que el hoy Gobierno en funciones ya quiso modificar y adaptar a los cambios demográficos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no pudo hacerlo por la oposición de las comunidades y diputaciones provinciales, ya que el anteproyecto legal suponía la reducción de hasta un tercio de los partidos judiciales.

Según un informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial, la actual planta presenta una «enorme heterogeneidad» por sus características socioeconómicas, el número de jueces y el volumen de asuntos que tramitan.

Por ejemplo, en el 10% de los partidos judiciales con mayor población, situados sobre todo en las capitales de provincia, vive el 42% de los habitantes del país, trabaja uno de cada tres jueces e ingresan el 48% de todos los procedimientos civiles y penales. Mientras que la mitad de los partidos judiciales con menor población acumulan el 15% de los habitantes, el 14% de los jueces y solo el 10% de los asuntos judiciales ingresados.

De entre todas las variables, la población es la «más altamente» relacionada con el número de asuntos civiles y penales ingresados. En esta ecuación aparecen otros asuntos como el número de oficinas bancarias, empresas, trabajadores afiliados a la seguridad social o extranjeros. Este último caso es curioso, ya que los partidos judiciales con mayor población foránea tienen el coeficiente más alto de entrada de procedimientos penales. Mientras que de asuntos civiles, sobresale también la variable del número de bancos en el partido judicial de turno.

Civiles y penales

Con respecto a la tasa de litigiosidad (número de asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes), el partido judicial con mayor volumen es Marbella (Málaga), seguido de lejos por Benidorm (Alicante), El Prat (Barcelona) y Vigo. Por el contrario, los de menor tasa son, por este orden, los de Azpeitia (Guipúzcoa), Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Fonsagrada (Lugo). Estos dos últimos lugares se caracterizan por tener apenas 5.000 habitantes.

Por jurisdicciones, la tasa de litigiosidad en asuntos penales la lidera de nuevo Marbella, seguido de El Prat, Benidorm y Arona (Tenerife). En el polo opuesto están Ortigueira (La Coruña), Fregenal, Azpeitia y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). En asuntos civiles, domina el partido judicial de Valencia, seguido de Las Palmas y Torremolinos (Málaga). La tasas más bajas están en Azpeitia, Vitigudino (Salamanca), Olot (Gerona) y Calamocha (Teruel).

Los partidos judiciales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, por este orden, son los que más procedimientos civiles y penales ingresan al año. La razón, como es lógico, es su volumen de población. En el lado opuesto están los partidos de Molina de Aragón (Teruel), Becerreá (Lugo) y Valencia de Alcántara (Cáceres) en asuntos civiles, y Fonsagrada, Valverde (Tenerife) y Villalpando (Zamora) en temas penales.

Asimismo, los partidos con mayor densidad de población son Hospitalet (Barcelona), Mislata (Valencia) y Cádiz. Los que tiene más municipios son Guadalajara (154) y Salamanca (142); mayor superficie, Cuenca y Teruel; mayor porcentaje de extranjeros, Torrevieja (Alicante), Arona y Fuengirola (Málaga); y con mayor número de bancos por cada 10.000 habitantes están Tudela (Navarra) con 37, Boltaña (Huesca) con 34, Requena (Valencia) y Herrera del Duque (Badajoz), 30.