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EFE
Martes, 14 de junio 2016, 13:06
Agentes de la Guardia Civil inspeccionan varias dependencias del puerto de Pasaia (Gipuzkoa) para recabar documentación sobre las obras de la nueva lonja de pescado, inmersa en una investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas durante su construcción. Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) ... han llegado a las 11:00 horas al edificio Transatlántico, en el que se ubican las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Pasaia, han informado fuentes del puerto y de la Guardia Civil.
Además de estas oficinas, la Guardia Civil inspecciona la caseta de obra de la Unidad Temporal de Empresas adjudicataria de la construcción de la lonja, ubicada junto al nuevo edificio pesquero en el distrito de San Pedro. La operación, iniciada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tiene por objeto solicitar toda la documentación relacionada con la construcción de la nueva lonja, han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
La construcción de la nueva lonja, que arrastra un sobrecoste de más de 5 millones de euros, está siendo investigada por un Juzgado de Instrucción de San Sebastián, después de que la Fiscalía le remitiera, a principios de mayo, una denuncia para esclarecer la comisión de seis posibles delitos. La lonja se adjudicó por un importe de 14,9 millones de euros, aunque distintos imprevistos han situado ya el coste de la obra en más de 20, según explicó el pasado 25 de mayo en las Juntas Generales de Gipuzkoa el presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Ricardo Peña, militante del PNV y designado por el Gobierno Vasco.
El Departamento vasco de Medio Ambiente y Política Territorial ha eludido hoy toda responsabilidad en la gestión del puerto de Pasaia, que es "competencia única y exclusiva del Gobierno español".
El ejecutivo autonómico, que tiene la potestad de nombrar al presidente de la Autoridad Portuaria, ha apuntado hacia el Gobierno central y en un comunicado, ha advertido de que "no va a permitir que se le responsabilice de una gestión cuyo control, supervisión, inspección e intervención corresponden al Gobierno español".
El ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu ha hecho llegar su "malestar" al Gobierno del PP al considerar "incomprensible" que "el cuestionamiento al Gobierno Vasco provenga del partido al que precisamente pertenece la Ministra de Fomento de la que depende el puerto de Pasaia".
El Departamento asegura que el puerto "nunca ha sido transferido a Euskadi" e insiste en que depende del Ministerio de Fomento a través del organismo Puertos del Estado, instituciones que deben autorizar todas las decisiones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia.
En este consejo se sientan 15 integrantes, de los que "sólo 4" están nombrados a propuesta del Gobierno Vasco, entre ellos su presidente, actualmente Ricardo Peña, militante del PNV.
No obstante, aún falta la ejecución de distintos trabajos que no estaban contemplados en el proyecto de construcción del edificio, por lo que Peña calculó que el coste final total de la nueva lonja rondará los 26 millones de euros. Las principales irregularidades fueron descritas en una auditoría de Puertos del Estado, que determinó que se habían ejecutado y abonado trabajos correspondientes a un proyecto modificado "con carácter previo a su tramitación administrativa" y sin cobertura presupuestaria.
Expediente
Tras conocer el resultado de esta auditoría, el presidente del puerto destituyó al director, Gregorio Irigoyen, y abrió un expediente disciplinario al jefe del departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, que ejercía como director de obra. La Abogacía del Estado, presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, informó a la Fiscalía de estas anomalías por si se hubieran cometido delitos.
A principios de mayo, el Ministerio Público trasladó la denuncia a un Juzgado de Instrucción de San Sebastián para que investigara el posible encaje de los hechos en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.
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