El exdirector de Acuamed queda libre tras pagar 300.000 euros en 24 horas

Todo ello a cambio "del correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especia para él y para otros a favor de diversos contratistas, con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras en numerosos puntos de la cuenta mediterránea".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso, ha librado hoy la correspondiente orden de libertad después de reducir ayer mismo la fianza de libertad de 600.000 a 300.000 euros.

En el auto en el que les envió a prisión el magistrado imputaba a los investigados (entre los que estaban responsables de constructoras adjudicatarias de contratos) los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, cohecho, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad en documento oficial y pertenencia a organización criminal.

Adjudicaciones fraudulentas

Con la puesta en libertad de Mateo ya no queda en este procedimiento nadie en prisión. Los otros cuatro exresponsables de la entidad quedaron libres en abril, después de abonar las fianzas que le impuso el juez. En esa ocasión, impuso cantidades de 300.000 y 600.000 euros para poder abandonar la cárcel.

El primero en pagar la fianza, pese a ser de 600.000 euros, fue el presidente de Altyum, Nicolás Steegman. El jefe de proyecto en Valencia de Aquamed cuando se produjo la operación, Pablo Martín Mira, y el que era responsable de contratación de la compañía, Javier Pastor, abonaron cada uno de ellos los 300.000 euros. Esta cantidad también se fijó para la que era directora de Ingeniería y Construcción de la compañía, María Gabriela Mañueco.

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.