Ataque a la libertad

La querella está motivada por una noticia publicada en el mes de octubre de 2014 en la que se informaba de que González Medina había sido condenado por traficar con drogas en el año 2004 y, siete años más tarde, sancionado por consumo de estupefacientes, circunstancias ambas probadas y de notorio conocimiento. La querella del diputado ha llevado al fiscal a calificar los hechos, pidiendo cinco meses y tres meses de prisión, respectivamente, para los dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ni el diputado del PP ni la Fiscalía pusieron en duda durante la tramitación del sumario la veracidad y la exactitud de la información, aspecto esencial en el código deontológico de la profesión periodística.

El diputado basa la acusación en haber recurrido «a fichas o base de datos sin acceso autorizado». Una imputación incierta que ha sido negada por los dos periodistas al declarar que en la elaboración de la noticia no se había utilizado ningún procedimiento espurio para obtener la información. Los dos querellados se reafirmaron en que la información fue fruto del contraste entre varias fuentes, y sólo cuando se tuvo certeza sobre los hechos se procedió a publicarla.

Es interesante resaltar que la propia Fiscalía reconoce que desconoce el modo en que fueron obtenidos los datos, añadiendo que la revelación de secretos es algo que pertenece al acervo del periodismo. Todo medio de comunicación riguroso tiene la obligación de transmitir a la sociedad cualquier contenido cierto y de interés informativo al que haya tenido acceso.

Es indudable que una sentencia por tráfico de estupefacientes es de interés general, más aún si recae sobre un político en ejercicio que, como David González Medina, aspiraba a la presidencia del PP en Gijón, cargo que logró unos días más tarde de publicarse la noticia y que hubiera mantenido de no haber sido anulado por un juez al apreciar manifiestas irregularidades en el desarrollo del congreso. Pese a todo ello, González Medina fue repescado por la dirección regional popular, presidida por Mercedes Fernández, incluido en la candidatura autonómica y nombrado director de la campaña electoral. Más tarde, ya como parlamentario autonómico, fue nombrado responsable del área de Educación del Partido Popular en la Junta del Principado, cargo que sigue ejerciendo.

La querella es un intento de limitar la libertad de información, tratando de amedrentar a los periodistas que dan a conocer hechos probados de la conducta poco edificante de un político. Se busca que el derecho de la ciudadanía a estar bien informada quede relegado ante la necesidad de un hombre público de presentar ante la sociedad una trayectoria oficial impoluta que no es real. La historia de David González Medina era conocida por dirigentes del PP, como así lo han declarado. Sin embargo, la dirección regional del partido optó por respaldar y promocionar al actual diputado, lo que supone un mensaje deletéreo para la sociedad que merece una explicación. El respeto a la libertad de información y la tolerancia ante la crítica son rasgos obligados de los partidos políticos en una democracia. Este tipo de ataques no van a romper ni debilitar nuestro compromiso con la libertad de información, con la verdad y con los lectores.