El presidente de Murcia cerró con la Púnica un contrato de 36.800 euros que pagaría con dinero público

Al contrario, el análisis de las numerosas pruebas recopiladas por los investigadores, consistentes en conversaciones telefónicas interceptadas con orden judicial, documentos y correos electrónicos descubiertos en los registros y mensajes SMS y de WhatsApp que han podido ser recuperados, solo permiten concluir que el hoy presidente de la Comunidad y personas de su confianza asumieron íntegramente la oferta de la firma Eico Online.

Si la adjudicación finalmente no se produjo -recuerda la UCO- fue por razón de las actuaciones judiciales y policiales en días posteriores, aunque ello no obsta para que, como se ha comprobado, existiera ya un concierto para la adjudicación de un contrato público entre el consejero (Sánchez) y Alejandro de Pedro».

Por 4.600 euros al mes

La 'Hoja de pedido de servicios', que Alejandro de Pedro le presentó en apariencia a Pedro Antonio Sánchez en Murcia el 24 de octubre de 2014, resume gráficamente en qué iban a consistir los servicios de reputación 'online' que le iban a prestar a partir del 1 de noviembre: Estrategia SEO y 'Linkbullding', Creación Identidad Digital, Dinamización Contenidos en blogs y sites sectorizados, Servicios de posicionamiento SEO, Auditoría de posicionamiento SEO en webs existentes, un periodista (que iba a trabajar en exclusiva para colgar en periódicos digitales de ese grupo las noticias positivas sobre Sánchez) y la elaboración de informes mensuales. Todo ello por el precio de 4.600 euros más IVA al mes y a lo largo de siete meses (36.800 euros en total), hasta mayo de 2015, en que se celebraron las elecciones autonómicas y municipales.

«No son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del entonces consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política», advierten los investigadores de la UCO en su análisis.

Facturar como «formación»

Especialmente relevante para el futuro de esta investigación judicial parece el 'Informe Preventa' que fue intervenido por la Guardia Civil en un registro en la sede de la empresa Eico Online-Madiva, en el que se recoge que el concepto por el que se iban a facturar esos trabajos era el de «formación», lo que lo vinculaba directamente con las competencias que tenía Sánchez en esa materia.

Pero no menos trascendentes son las declaraciones judiciales que prestó Francisco Javier Bueno, uno de los empleados de confianza de De Pedro, quien confesó que ese documento probaba que el servicio «había sido ya aceptado por el cliente, que se iba a realizar el servicio de reputación a Pedro Antonio Sánchez y que se iba a facturar a la Consejería de Educación de la Región con un concepto distinto y relacionado con la formación».

Bueno añadió que era el propio Alejandro de Pedro quien decidía bajo qué concepto se iba a facturar, después de hablar con los clientes.

Ese supuesto acuerdo para camuflar como «formación» lo que iban a ser unos trabajos personales de reputación en internet, con el aparente fin de que fueran las arcas públicas las que corrieran con el gasto, es lo que lleva a los especialistas de la Benemérita a alertar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de que existen indicios de la comisión de un presunto delito de fraude en las contrataciones públicas por parte de Pedro Antonio Sánchez.

Un papel proactivo

Los agentes de la UCO tienen constatadas al menos dos reuniones del hoy presidente del Gobierno murciano con el presunto líder de la 'trama Púnica' Alejandro de Pedro. Ambas se habrían celebrado en Madrid. Y una tercera en Murcia, al parecer sin la presencia de Sánchez y con la participación de su jefe de gabinete, David Conesa; fue el 24 de octubre, a solo tres días de que se desencadenara la operación policial. Aunque parte de las negociaciones con el administrador de Eico Online las llevó el jefe del gabinete de Sánchez, David Conesa -a quien la UCO también atribuye un presunto delito de fraude-, el hoy presidente de la Comunidad también mostró una actitud proactiva hacia quienes le estaban ofreciendo lavar su imagen en las redes sociales.

Mensajes de WhatsApp que la Guardia Civil ha recuperado del teléfono de De Pedro demuestran que los días 21, 22 y 23 de octubre de 2014, cuando ya solo faltaban cuatro días para la operación policial, el propio Sánchez envió gran número de mensajes a Alejandro de Pedro para concertar una reunión. Sorprende además la familiaridad con la que trataba al empresario, a quien se dirigía por el apelativo de «Alex».

Estos datos desmienten, una vez más, el argumento ofrecido por el político popular de que nunca llegó a estar interesado en los servicios de reputación que le ofertaron los líderes de la 'trama Púnica'.

Francisco Javier Bueno, el empleado de confianza de De Pedro, relató además al juez la reunión que tanto él como su jefe mantuvieron con el jefe de Gabinete de Sánchez, el día 24 de octubre, en la que David Conesa «dijo que el consejero de Educación había dicho que OK al trabajo de reputación y a todo lo que conllevaba, como la contratación de un periodista». Bueno explicó que tenía conocimiento «de que el consejero había estado imputado por algún caso y quería mejorar su reputación».

En manos de la Fiscalía

Las conclusiones del informe de la UCO son que tanto Pedro Antonio Sánchez como su hombre de confianza antes en la Consejería y ahora en la Presidencia, David Conesa, podrían «haber incurrido en un supuesto delito de fraude en la contratación pública». Y ello por más que el contrato no se acabara formalizando, ya que este tipo de delitos se comete -según la jurisprudencia del Tribunal Supremo- con la mera maquinación para defraudar a la Administración Pública, aunque las arcas no lleguen a verse afectadas. Especialmente cuando es el estallido de una operación policial lo que impide que los planes se consumen, como parece el caso.

El documento está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción. Si considera que existen indicios de delito contra Sánchez, el magistrado podría remitir esa pieza a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que sería el órgano competente para enjuiciar al presidente murciano por su condición de aforado.