Justicia apremia por correo a sus funcionarios a que revisen las causas penales

La notificación a la que ha tenido COLPISA llegó a los cientos de funcionarios tras la orden emitida por la Secretaría General del Ministerio de Justicia, dirigida por Antonio Dorado. El aviso se produjo solo un día después de que el ministro Rafael Catalá y la fiscal general Consuelo Madrigal trataran en una reunión de urgencia la importante preocupación de los implicados (secretarios judiciales y fiscales) ante la posibilidad de incumplir con los plazos que marca la ley, lo que abocaría al archivo de la causa penal o se tendría que abrir juicio oral sin haberse practicado más diligencias, con el consiguiente escándalo que ello conllevaría en plena precampaña electoral.

La razón no es otra que la reforma de la Lecrim fue una de las medidas estrella del Gobierno para agilizar la instrucción de los procesos penales a través de la imposición de plazos (seis meses cuando la causa es sencilla y hasta 18 meses prorrogables cuando se considera compleja por la gravedad de los delitos o la dificultad de investigar determinados ilícitos penales).

"Imprevisión"

En suma, pese a la confianza ciega del ministro Catalá en que se cumplirá con la ley, la notificación de Justicia a sus funcionarios tiene un tono de preocupación porque no se conocen los datos reales del número de procedimientos judiciales pendientes de revisar (a 6 de diciembre eran unos 346.000). Por este motivo, les reclamó que a la mayor brevedad, entre el pasado viernes y este lunes, mandasen al secretario coordinador de sus juzgados y tribunales «una relación de las causas pendientes en fase de instrucción en las que, a fecha de hoy (por el viernes 20 de mayo), el Ministerio Fiscal aún no haya hecho calificación sobre la complejidad o no de la causa».

Primero el Consejo Fiscal y el lunes los secretarios judiciales se mostraron muy críticos con la gestión del Ministerio de Justicia. El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) emitió un comunicado en el que denunció la «imprevisión y desorientación» del ministerio y dijo sentirse «utilizados» para «salvar» una reforma «defectuosa». «Es insólito que el ministro anunciara repentinamente la orden enviada a los secretarios para elaborar un listado manual de causas, cuya eficacia y utilidad creemos dudosa, y que podría entorpecer a su vez el trabajo de las oficinas y juzgados afectados», aseguró Sisej.