Mateo Balín
Domingo, 22 de mayo 2016, 07:14
El exdiputado del Partido Popular Vicente Martínez-Pujalte tenía una cartera propia de clientes en la consultora que compartía al 50% con la exsenadora de su partido Ana Torme. El que fuera portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular facturaba a Sirga XXI Consultores S. ... L. los trabajados de asesoramiento que realizaba por su cuenta a empresas, sociedad o instituciones. Un documento incluido en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número cinco de Valladolid, por supuesto cohecho y falsedad en documento mercantil, confirma que Martínez-Pujalte cargó sus servicios a un grupo empresarial sin contar con su socia, lo que evidenciaría que Torme no estaba al tanto de las actividades paralelas del primero.
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La factura a la que ha tenido acceso este periódico fue expedida por el exdiputado popular a su mercantil Sirga XXI, sita en la misma dirección de Madrid que él registro. La fecha de los trabajos es del 23 de diciembre de 2009 y en el apartado servicios prestados incluyó una referencia: «Trabajos relacionados con su cliente Collosa (la constructora perteneciente a la Corporación Llorente)». En total fueron 20.000 euros brutos, pero tras las pertinentes retenciones se quedó en 17.200 euros.
En su denuncia ante la fiscal jefe de Valladolid, Torme aseguró que Martínez-Pujalte le ocultó que había realizado trabajos externos para el entonces consejero delegado de Corporación Llorente, Mario Armero. Una actividad que fue heredada del despacho Estudio Jurídico Labor, perteneciente al exministro y embajador de España en Reino Unido Federico Trillo. Extremo que también desconocía la exsenadora, según manifestó.
Torme dijo a la Fiscalía que su socio le comunicó en noviembre de 2008 que Armero le había fichado como asesor y que facturaría con Sirga XXI los servicios «que iba a realizar personal y exclusivamente él, y a cobrar para sí mismo». En cambio, cuando a mediados de 2015 se conoció por los medios de comunicación las actividades de consultoría de los parlamentarios «se me citaba a pesar de que yo no había realizado tal asesoramiento ni cobrado por él ni había mantenido reuniones o contactos con dicha empresa», aseguró Torme en su denuncia.
El peso procesal de esta factura no es menor, ya que la Fiscalía sospecha que los trabajos de Sirga XXI con Collosa comenzaron antes incluso que la propia constitución de la consultora, en noviembre de 2008. Asimismo, para Torme, denunciada junto a Martínez-Pujalte, esta cuenta confirmaría que ella no tuvo relación con el grupo empresarial. El abogado de la exsenadora, Francisco Javier Díaz Aparicio, ha corroborado «que no trabajó para Collosa ni cobró nada de esa empresa».
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«Me ocultó datos»
Torme, parlamentaria del PP desde 1996 hasta 2015 y portavoz adjunta del partido en el Congreso entre 2003 y 2008, estuvo vinculada a Sirga XXI y a Martínez-Pujalte durante tres años, desde noviembre de 2008 a noviembre de 2011, momento en el que decidió abandonar la sociedad tras darse cuenta de que su colaboración era «cada vez menor». Le dieron 5.250 euros a cambio de vender su 50%.
«La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que, además eran amigos míos, supuso para mí algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos, pues tenía el pleno convencimiento de que eran empresas de empresarios, no de políticos», afirmó Torme en el escrito dirigido a la Fiscalía de Valladolid, que derivó en la causa abierta por el juzgado.
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«La verdadera trascendencia para mí es que disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada, tres personas vinculadas a mi partido, dos de las cuales eran muy próximas a mí, facturaban a mi empresa sin que yo lo supiera», añadió en la denuncia. Se refería a Scardovi S. L., administrada por el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna; Karistia S. L., administrada por el exembajador Gustavo de Arístegui; y Mind Talent Selection S. L., administrada por el exdiputado del PP Alejandro Ballestero. Precisamente, los dos primeros están ya siendo investigados en la Audiencia Nacional por una supuesta trama internacional de comisiones ilegales, en la que sus mercantiles están bajo sospecha.
Sirga XXI facturó entre 2008 y 2011 más de 413.000 euros en trabajos de asesoramiento, estudio, representación y publicación de libros. En estos ejercicios, la lista de clientes ascendió a una docena. La denuncia de la Fiscalía aprecia indicios de cohecho y falsedad en documento mercantil y entre los investigados están, de momento, Martínez-Pujalte, la propia Torme (en calidad de socia de Sirga XXI), Alejandro Ballestero, Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui o los empresarios Alejandro Llorente, Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito.
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