Ana Torme: «Martínez-Pujalte no me dijo que esas empresas eran de políticos»

El 12 de junio de 2015, la exsenadora del PP Ana Torme, socia del exdiputado popular Martínez-Pujalte en la mercantil Sirga XXI Consultores S. L., entre noviembre de 2008 y noviembre de 2011, mandó a su abogado a reunirse con la fiscal jefe de Valladolid Esther Pérez para contarle una serie de hechos por si pudieran revestir indicios de delito.

De aquella cita salió un denuncia formal tres días después, en la que Torme, parlamentaria desde 1996 y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular entre 2003 y 2008, aseguraba que había sido engañada por su entonces amigo Martínez Pujalte en la actividad de la consultora, en la que ambos tenía el 50% de las participaciones.

«La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que, además eran amigos míos, supuso para mí algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos por parte de quien entonces era mi socio, pues tenía el pleno convencimiento de que eran empresas de empresarios, no de políticos», señaló en el escrito dirigido a la Fiscalía de Valladolid al que ha tenido acceso este periódico.

«La verdadera trascendencia para mí es que disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada, tres personas vinculadas a mi partido, dos de las cuales eran muy próximas a mí, facturaban a mi empresa sin que yo lo supiera», aclara.

De la Serna y Arístegui

Se refería Torme a Scardovi S. L., administrada por el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna; Karistia S. L., administrada por el exembajador Gustavo de Arístegui; y Mind Talent Selection S. L., administrada por el exdiputado del PP Alejandro Ballestero. Precisamente, los dos primeros están ya siendo investigados en la Audiencia Nacional por una supuesta trama internacional de comisiones ilegales, en la que sus mercantiles están bajo sospecha.

«Ante la certeza de que había sido engañada y teniendo en cuenta las peticiones infructuosas para que mi exsocio aclarase en diversos momento desde el 23 de abril de 2015 (cuando El País publicó los pagos de empresas a Trillo y Martínez Pujalte y las supuestas incompatibilidades con el estatuto del diputado) que la prestación de asesoramiento a Corporación Llorente, Marcenado, Scardovi, Karistia y otras las había conrado y realizado exclusivamente Vicente Martínez Pujalte, presumiendo una ánimo espurio en sus intenciones, decidí poner los datos de los que dispongo en manos de la autoridades competentes», relata Torme.

Con esta denuncia comenzó todo. Las diligencias de investigación abiertas por la fiscal jefe de Valladolid concluyeron diez meses después con una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número cinco de la localidad. El escrito de acusación aprecia indicios de cohecho y falsedad en documento mercantil y entre los investigados están, de momento, Martínez Pujalte, la propia Torme (en calidad de socia empresarial del exdiputado hasta 2011), Alejandro Ballestero, Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui o los empresarios Alejandro Llorente, Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito.