El juez de Púnica ve indicios de corrupción contra un diputado de Cifuentes en Madrid

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis entiende que la conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

A lo largo de los 74 folios de la exposición razonada, el magistrado incluye todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales que obran en el procedimiento.

El juez explica que en esta pieza del caso Púnica, la sexta, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre ayuntamientos de la comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.

"Actos de corrupción"

En el caso concreto de Móstoles, el juez Velasco señala que durante su mandato (2013-2014) se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal como contrapartida en el que fue en su día regidor del ayuntamiento, además de en su concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, que se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas.

Por parte de Cofely actuaron activamente responsables del Departamento Comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez, el responsable de Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.

Participó también David Marjaliza, como asesor comercial externo de la empresa, como conseguidor del contrato, como intermediario con los mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, como representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el juzgado.

La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz, diputado del PP, ejecutivo de Cristina Cifuentes en Madrid que gobierna por un solo escaño, en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años.

700.000 euros de 'mordidas'

Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad, especialmente sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely () documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor.

Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces, con el fin de ayudar a esa empresa Cofely España- facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella.

El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato, dinero que salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2% del presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.

También a cambio de una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y el erario público repartió con otras autoridades municipales y que llevó a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada.