Gómez de la Serna rechaza declarar ante el juez

El magistrado indaga el presunto cobro de 'mordidas' a cambio de trabajos de intermediación destinados a que empresas españolas consiguieran contratos en el país magrebí de hasta 480 millones de euros. De la Serna esperará a que se levante el secreto de sumario para defenderse, según fuentes jurídicas.

El magistrado ofreció a De la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular por Segovia en las últimas elecciones generales y estaba inscrito hasta el 2 de mayo al Grupo Mixto, comparecer voluntariamente porque, en el momento que dictó el auto, el político 'popular' tenía condición de aforado. No obstante, perdió esta condición tras la disolución de las Cortes.

De la Serna ha llegado a las dependencias judiciales pasadas las nueve y media de la mañana, acompañado de su abogado. No ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que le aguardaban en el exterior de la Audiencia Nacional.

De la Mata interrogó este viernes a De Arístegui, que se negó a declarar, al igual que su hijo Borja, que se encuentra también entre los investigados. El Ministerio Público acusa al exdiputado y al exembajador de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

El magistrado explicó el pasado enero en un auto que existen indicios de que los querellados "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".

Premio por las gestiones

La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito en premio por el buen fin de las gestiones".

Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".

Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señalaba que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de "posibles pagos dinerarios" realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.

Las dos obras fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra, quien ha fallecido hace unos días.