Anticorrupción ve indicios de delito en los cursos de formación de Extremadura

Anticorrupción precisa que se han detectado diversas irregularidades "al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración, a efectos del cobro de las subvenciones, y los importes realmente pagados como costes de actividad, siendo los primeros muy superiores a estos últimos". El importe de las subvenciones cuestionadas sería de 1.7 millones de euros en el caso de la Creex; 400.133 euros, en el de UGT; y 311.897, en el de CC OO.

Anticorrupción inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia de Miguel Lozano, director gerente del Sexpe del anterior gobierno regional de José Antonio Monago, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de posibles irregularidades detectadas en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria de 2011 de la Consejería de Igualdad y Emplo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en Extremadura.

Asumidas las diligencias por parte de la Fiscalía, se recabó documentación sobre "más de 600 actividades formativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes". En la investigación colaboraron la Intervención General de la Junta, en funciones de auditoría, la Agencia Tributaria, suministrando datos de contraste fiscal, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Tras estas actuaciones, el escrito del Ministerio Fiscal sostiene que hay indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento requiere su "ineludible la judicialización para maximizar las garantías de los investigados y completar la búsqueda de la verdad".