Gobierno y Generalitat desatascan con escepticismo sus mecanismos de diálogo

La prudencia y el escepticismo se imponen. Las posturas sobre el proceso independentista son irreconciliables. Los dos dirigentes ni tan siquiera han entrado en materia. Pero el vicepresidente del Ejecutivo catalán ha dejado claro que la Generalitat no ceja en el empeño de intentar ejecutar su mandato democrático del mejor modo posible. Es muy difícil que yo deje de ser independentista catalán y es muy difícil que la señora Soraya Sáenz Santamaría se convierta en una defensora apasionada de la independencia de Cataluña, ha zanjado Junqueras. Aun así, mantiene su predisposición a llegar a acuerdos en otras materias y está abierto a nuevas reuniones siempre que haya una expectativa cierta de que se pueda avanzar en estos aspectos concretos.

De su visita a la Moncloa se lleva la garantía de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se pondrá en contacto con el consejero Jordi Jané, y, lo más importante, que mañana el Consejo de Ministros estudiará la ley catalana contra la pobreza energética, una de las prioridades de la Generalitat, antes de decidir si recurre su contenido ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, si pide su suspensión cautelar.

En la reunión del pasado miércoles, Rajoy y Puigdemont se comprometieron a rebajar la judicialización de la política, pero 48 horas más tarde el Gobierno dio luz verde a la presentación de tres recursos nuevos. La vicepresidenta no ha querido anticipar la decisión del Ejecutivo, aunque ha recalcado que nunca se ponen en cuestión leyes enteras, sino aquellos aspectos en los que se produce el choque competencial. Lo que ocurra mañana podría condicionar los próximos encuentros entre las dos administraciones. Es evidente que esta reunión se ha producido hoy y no se ha producido antes, por tanto, al menos es evidente que es más fácil dialogar hoy de lo que lo había sido tradicionalmente, otra cosa es este diálogo en qué se traduce y en qué se traducirá en los próximos días, ha precisado Junqueras.

A su juicio, a los ciudadanos les cuesta entender las suspensiones automáticas de normas del Parlamento autonómico. El Gobierno, sin embargo, sostiene que cada ejecutivo debe respetar sus competencias. De ahí, que los dos hayan contemplado la posibilidad de emplear los mecanismos de acuerdo en su máxima expresión para evitar un incremento mayor de la conflictividad.

Ninguno ha querido, por otro lado, anticipar un calendario de reuniones cuando con toda probabilidad el 26 de junio se celebrarán elecciones generales. Junqueras tampoco ha despejado si prefiere un cambio de color político en la Moncloa. Tanto monta, monta tanto, ha asegurado. Su impresión, además, es que, al final, habrá acuerdo entre PP y PSOE para gobernar.