La Fiscalía asegura que el Ejército de Tierra tiene una prueba clave del caso de las torturas en Irak

Un informe presentado este miércoles por Amnistía Internacional critica la «sucesión de irregularidades» que derivaron en el sobreseimiento provisional de la causa. Un cierre apoyado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y por la Fiscalía Militar tras una reunión mantenida en febrero pasado con los responsables españoles de la organización internacional en defensa de los derechos humanos.

En esa cita, la fiscal general tomó en consideración las preocupaciones de Amnistía y pasados unos días la Fiscalía Militar remitió un detallado informe en el que avalaba la investigación de las supuestas torturas. Esto supone que Madrigal siguió los criterios del juez togado, quien aseguró que no había «testigos válidos» que afirmasen que se produjeron los malos tratos para revocar el procesamiento de los cinco legionarios investigados, pertenecientes al Grupo Táctico 'Extremadura' de la Brigada Plus Ultra II, cuya compañía 'Alejandro Farnesio 4' se encuentran en Ronda (Málaga).

El archivo se decretó pese a que en el Juzgado Togado Militar Territorial número 12 llegó a declarar el soldado que grabó el vídeo de las torturas (aunque luego se desdijo) y otro militar que identificó a varios compañeros tras ver la grabación. Sin embargo, ambos testimonios cayeron en saco roto cuando la causa cambió de manos al pasar al Juzgado Togado Militar Central número dos debido al aforamiento sobrevenido de uno de los procesados, A. B. P., que pasó de teniente a comandante en medio de la investigación. Éste fue quien le dijo al testigo G. J. que «grabase lo que iba a suceder».

Según la documentación judicial en poder de Amnistía, estos testigos podrían haber sufrido amenazas de sus compañeros para retirar su testimonio. Las amenazas a uno de ellos no fueron investigadas por haber prescrito y las supuestas coacciones al segundo ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

El testigo «ha cantado»

Pese a ello, la causa cuenta con la identificación de la celda donde se cometieron las agresiones, la acreditación documental de detenidos en el periodo de los hechos e intervenciones telefónicas de personas implicadas y sus familiares (la esposa de uno de los imputados llegó a relatar como el testigo C. R. «ha cantado» y otro investigado declaró que «cuando pasaron esos supuestos hechos, estaba fuera de la celda»).

Asimismo, el informe relata que ha desaparecido el libro de registro de detenidos en Base España, lo que hubiera facilitado el conocimiento de los reclusos. Este fue otro de los argumentos esgrimidos por la justicia militar para sobreseer el caso.

Pero en este punto hay una novedad trascendental que podría dar un vuelco al caso. La Fiscalía Militar aseguró a Amnistía que la información del libro de registro de detenidos estaría cubierta por otra proporcionada por el Estado Mayor del Ejército de Tierra, que no fue aportada al procedimiento. Así, se identifica a tres personas presas el 26 de enero de 2004 a quienes confiscaron un mortero y granadas. Dos quedaron libres el 4 de febrero y el tercero el 7, según la documentación de la inteligencia militar.

Asimismo, Amnistía concluye que sigue esperando que las autoridades informen sobre el destino de las 111 personas detenidas en Irak por las fuerzas españolas. Del mismo modo, reclama que el caso se reabra en la justicia ordinaria porque «los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia requeridas para investigaciones de crímenes de derecho internacional».