La fiscal general garantiza la defensa del derecho de los periodistas a informar

Al tratarse de un órgano jerárquico, la posición de Madrigal como fiscal general debería de tener consecuencias en el escrito de acusación presentado por el fiscal Julián Salto, que reclama dos años y medio de prisión a los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. La propia jefa del Ministerio Público reconoció que no tuvo conocimiento de la petición de la pena hasta su presentación. «En cuanto he tenido conocimiento de ese caso, he recabado toda la información», señaló este lunes Madrigal a la prensa antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. «No les quepa la menor duda de que se actuará en defensa del derecho de los periodistas a la libre emisión de información veraz en asuntos de interés público», aseguró.

Fue la pasada semana cuando el fiscal presentó en un escrito su acusación contra los dos informadores por un delito de revelación de secretos. En la conversación interceptada bajo la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, un presunto mafioso contaba a otro que había hablado con Bárcenas y que éste le había dicho que «política y mafia son lo mismo». La noticia se publicó el 11 de julio de 2014.

El fiscal señala que los dos redactores de ABC «con conocimiento de que persona desconocida se había apropiado de una conversación telefónica (...) y que dicha persona les había entregado el contenido íntegro de la misma, decidieron a sabiendas de su ilicitud plasmar el contenido de dicha conversación (...)». Sostiene en su escrito de acusación que la conversación entre los dos investigados por la 'operación Tarantela' contra la mafia italiana se produjo en el marco de unas diligencias que «estaban declaradas secretas».

La defensa de los periodistas pidió en septiembre a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo del caso. Un recurso que está pendiente de resolverse mientras que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, acordó el pasado miércoles la apertura de juicio oral. Además de los dos años y medio de prisión, la Fiscalía solicita 20 meses de multa con una cuota aiaria de 50 euros (30.000 euros) y la acusación ejercida por Bárcenas pidió tres años de cárcel.

Doctrina del Constitucional

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se sumó a las críticas por la decisión de la Fiscalía de Madrid, dirigida por José Javier Polo. La APM afirmó que ambos «procedieron en la información que publicaron de acuerdo con la doctrina que viene marcando el Tribunal Constitucional en los casos de conflicto entre el derecho de información y de libertad de expresión y las investigaciones judiciales». «Dicha doctrina hace prevalecer tales derechos cuando la información ha sido obtenida rectamente, es veraz, ha sido contrastada y es de interés general», detalla la jurisprudencia de la corte de garantías.

Asimismo, la APM rechazó «rotundamente» que los dos periodistas hayan incurrido en un delito de revelación de secretos. «Tanto si el secreto tiene por objeto hacer posible la investigación y el acopio de pruebas, como si se justifica por la protección de la presunción de inocencia de los encausados, lo reprobable no es que los periodistas difundan las noticias que reciben al respecto, sino que, en su caso, alguien se las dé incumpliendo el deber de sigilo», argumentó la asociación presidida por Victoria Prego.

La APM señaló, además, que el secreto de las investigaciones judiciales es difícilmente vulnerable sin la colaboración explícita de quienes deben protegerlo. Según el colectivo, el periodista puede y debe dar a conocer cualquier información que sea veraz y de interés general, al mismo tiempo que tiene el deber de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información. «La responsabilidad penal recae en todo caso en el que rompe el secreto sumarial y facilita a los periodistas la información», apostilló el comunicado.