Melchor Sáiz-Pardo
Jueves, 21 de abril 2016, 11:55
El Poder Judicial sale en defensa de los magistrados que han participado durante años en cursos organizados por Asubanc y por los que cobraban retribuciones de entre 800 y 1.5000 euros. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en una declaración aprobada ... por unanimidad, defiende que la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible con la judicatura, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto, recuerda el CGPJ, que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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El Poder Judicial insiste en que el Reglamento de la Carrera Judicial también establece que el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la carrera judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos
El órgano de gobierno de los jueces asegura que los cursos, conferencias o jornadas de Ausbanc en los que participaron los magistrados fueron actos públicos que tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores , catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían.
La presencia de miembros de la carrera judicial en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad, afirma la declaración acordada por el Poder Judicial
La Comisión Permanente ha destacado además la integridad y profesionalidad de los jueces españoles es incuestionable, así como su compromiso con la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.
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