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Melchor Sáiz-Pardo
Jueves, 21 de abril 2016, 11:55
El Poder Judicial sale en defensa de los magistrados que han participado durante años en cursos organizados por Asubanc y por los que cobraban retribuciones de entre 800 y 1.5000 euros. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en una declaración aprobada ... por unanimidad, defiende que la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible con la judicatura, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto, recuerda el CGPJ, que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El Poder Judicial insiste en que el Reglamento de la Carrera Judicial también establece que el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la carrera judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos
El órgano de gobierno de los jueces asegura que los cursos, conferencias o jornadas de Ausbanc en los que participaron los magistrados fueron actos públicos que tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores , catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían.
La presencia de miembros de la carrera judicial en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad, afirma la declaración acordada por el Poder Judicial
La Comisión Permanente ha destacado además la integridad y profesionalidad de los jueces españoles es incuestionable, así como su compromiso con la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.
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