España registró 15.000 peticiones de asilo en 2015

A lo largo de los dos primeros meses de 2016, España registró alrededor de 2.000 solicitudes de asilo de personas provenientes, principalmente, de Ucrania, Siria y Venezuela.

La portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, reconoce que es difícil ofrecer un perfil de los demandantes de protección, aunque subraya que en 2014 y 2015 ha aumentado el número de familias de origen sirio, frente a los años anteriores, en los que predominaban los varones solos.

La mayoría de los sirios que pidieron asilo en España el año pasado lo hicieron en la ciudad de Melilla, en el puesto fronterizo de Beni Enzar. Esta circunstancia también se produjo en 2013 y 2014 después de que el Gobierno español comenzara a exigirles en 2012 un visado de tránsito para acceder al territorio nacional cuando llegaban por avión. "Los testimonios que nos dan los refugiados hablan de las dificultades que han tenido para pasar los controles fronterizos. Muchos de ellos cruzan porque han pagado a determinadas mafias que les alquilan pasaportes que tienen que devolver", precisa Vega.

La representante de ACNUR señala que las personas de origen subsahariano, con rasgos físicos similares a los habitantes del Magreb, no pueden acceder a la frontera marroquí, por lo que la única posibilidad que tienen para pedir protección es saltando las vallas. "La situación es muy dura. Hay que estar física y mentalmente muy bien para hacer esa proeza. No solamente hay que superar el doble vallado de seis metros del lado español, sino también los obstáculos existentes del lado marroquí", subraya.

Devoluciones a Marruecos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha mostrado su preocupación en varias ocasiones porque a lo largo del año se ha devuelto a Marruecos a un número importante de personas que se encontraban en lo alto de la valla. Vega destaca que esto supone "un incumplimiento claro de la legislación española, que especifica que no se puede devolver de manera automática a nadie, sin haber tomado nota de los datos de la persona y sin haber analizado si esa persona tiene necesidad de protección internacional o no".

La portavoz de ACNUR en España hace un llamamiento a "conjugar el derecho de cualquier Estado a controlar las fronteras con el acceso al territorio y al procedimiento de asilo para las personas que vienen de la guerra".

Según las entidades que trabajan en asilo y acogida, entre el 70 y el 80% de las personas que solicitaron protección internacional en España el año pasado ya no están en nuestro país, porque "han continuado su viaje, han cruzado los Pirineos y se han marchado a otros países". En unos casos, han dejado España porque tenían familiares en otros países y en otros porque han vivido situaciones complejas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que ha estado al doble o al triple de su capacidad durante muchos meses.

Plazo de respuesta

La legislación estipula que una persona que pide asilo debe tener una respuesta en un plazo máximo de seis meses a partir de la presentación de su solicitud, aunque el tiempo de tramitación se reduce de forma considerable para los casos de urgencia. Sin embargo, "la realidad es que la gente espera una respuesta durante uno, dos o más años", recalca Vega, quien reconoce que el plazo de respuesta es más breve para los sirios (siete, ocho o nueve meses) y más largo para otras nacionalidades.

La representante de ACNUR explica que hay determinadas solicitudes de personas procedentes de Ucrania, el norte de Malí e Irak que el Gobierno tiene "congeladas". En diciembre de 2015, había unas 15.000 peticiones pendientes de resolución. Esta situación genera "mucha incertidumbre y ansiedad para mucha gente que no sabe si se va a tener que marchar del país, si la van a devolver a su país de origen o si va a poder reunificar a su familia", apunta.

Tras recordar que España concentra el 1% de las solicitudes de protección de la Unión Europea, que recibió 1,2 millones de peticiones el año pasado, reclama una mejora del sistema español de asilo para disponer de un procedimiento "fiable y justo", con unos periodos "razonables" de tramitación y "acompasados" con los procesos de integración.