Investigan seguimientos policiales a la familia de la juez anticorrupción de Lugo

La propia comisaría ya ha avanzado en los escritos del procedimiento, a los que ha tenido acceso Colpisa, que el vehículo Peugeot de color negro pertenece a la flota oficial de la Dirección General de la Policía, y que está adscrito a la Brigada de Información de la Comisaria Local de Gijón. También admitió que la fecha de la denuncia, el 20 de noviembre de 2013 a las 12:30 horas de la mañana, «se encontraba realizando un servicio de contravigilancia a elementos musulmanes de origen paquistaní, fundamentalmente centrado en las calles Ramón y Cajal y San Francisco» de la ciudad asturiana.

El oficio policial es de febrero de 2015, fue remitido al juzgado después de que la Audiencia de Asturias revocara el primer archivo del caso decretado por el titular del juzgado de instrucción tres, y está firmado por el jefe de la Brigada Local de Información, Ramón Ángel Bustillo. El escrito asegura que las labores del equipo aquel día «nada tiene que ver con el denunciante» y que «en ningún momento los funcionarios actuantes han realizado un seguimiento a esta persona, de la cual ni conocían su existencia».

Sin embargo, la defensa del denunciante pone en duda la versión policial de los hechos, más si cabe tras la declaración como testigo de la propia magistrada Pilar de Lara en octubre pasado. La instructora de las tramas de corrupción 'Carioca', 'Pokemon' (origen de la ramificación del caso 'Aquagest' en Asturias y Cantabria) o ahora 'Pulpo', en la que está siendo investigado el exsecretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro, relató que a partir de los dos primeros casos está siendo objeto de diversos ataques.

Intimidación

Detalló la entrada en los archivos informáticos del juzgado, que indagó Protección de Datos y finalizó con una multa a la Xunta de Galicia, insultos directos o en foros de internet y amenazas a ella y a su familia, lo que provocó que le pusieran una escolta permanente.

Recordó en su declaración que en 'Carioca' investiga una trama de prostitución relacionados con manos y funcionarios de la Guardia Civil , Policía Nacional, Policía Local y entre otros imputados está el que fuera subdelegado del Gobierno en Lugo.

Por este motivo, el abogado acusador aseguró en su recurso contra la decisión del juez de Gijón de archivar las diligencias que «no parece temerario» afirmar que el objeto de la denuncia va más allá de una «simple anécdota vial (por sí misma rayana en el delito), y mucho nos tememos que esconde un intolerable ataque a la integridad física y psíquica del denunciante, de su familia, de un magistrada y, en último término, a la sagrada piedra angular (.) de la independencia de los jueces, que deben permanecer ajenos a todo tipo de injerencias, máxime las provenientes de otros poderes institucionales».

La defensa deja en entredicho que el oficio policial no haga mención a los datos aportados por el denunciante sobre los agentes que supuestamente le siguieron. «Dos jóvenes, de buen aspecto, pelo corto, con cazadora verde ambos y el copiloto llevaba barba bien recortada», describió. Tampoco coincide el recorrido que señala el inspector jefe en su escrito al juzgado. Pero lo más «difícil de creer», es que diga que no conocían al denunciante cuando en julio y agosto de 2014 esa misma brigada de información llevó a cabo labores de protección de la hija de la juez De Lara, que precisamente pasó sus vacaciones de verano en Gijón con su familia.

Pero el abogado del denunciante relata otro hecho «insólito». La Policía se puso en contacto telefónico a través e un número oculto con el demandante para «invitarle» a mantener una entrevista personal y a retirar la denuncia. La agente se identifica como «Gema» y le explica que «no era a él a quién perseguían». Pero el denunciante le replica que «cómo es posible que habiéndose alejado de ellos, se los termine topando nuevamente de frente», que es «cuando les vio claramente la cara y se quedaron blancos...». La entrevista no tuvo lugar.