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Mateo Balín
Jueves, 31 de marzo 2016, 11:04
Los Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Galicia han remitido un in forme al juzgado de Lugo en el que certifican que el exsecretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, recibió regalos de un empresario investigado en la llamada 'operación Pulpo', el ... supuesto uso irregular de fondos en la Diputación de Lugo, de la que fue presidente Besteiro entre 2007 y 2015.
Vigilancia Aduanera investiga las actividades presuntamente delictivas del grupo empresarial Monbus, presidido por el también investigado Raúl José López, relacionas con un presunto delito de cohecho a diferentes políticos del PSOE, PP y del BNG a cambio de la adjudicación de contratos públicos. También realizó regalos a funcionarios o personas relevantes para ganarse su favor, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.
De la documentación incautada en el registro practicado en la sede la empresa en Lugo se intervino diversa documentación, relacionada con regalos y obsequios. También se comprobó que Monbús trabajaba con dos empresas distribuidoras de bebidas, vino, ropa y complementos para sus fines supuestamente delictivos.
En el caso de Gómez Besteiro, el informe señala que entre 2010 y 2014 recibió regalos relacionados con lotes de vino y seis botellas de Vega Sicilia 'Único', con un precio medio de 144 euros la botella, cuya suma total ascendió a 1.396 euros.
Los agentes también investigaron otros dos envíos realizados por Almacenes Lage a través de Seur remitidos a nombre de Gómez Besteiro, si bien, al ser de pesos inferiores, Vigilancia Aduanera no pudo determinar su composición.
Dimisión y querella
El exlíder socialista gallego conoció el 11 de marzo que la titular del Juzgado de Instrucción uno de Lugo le investigaba por ocho delitos en la 'operación Pulpo' por la supuesta gestión fraudulenta de fondos cuando era presidente. Un día después anunció que no sería cabeza de lista del PSOE a la Xunta de Galicia y el día 18, en medio de fuertes presiones, dimitió de su cargo como secretario general.
Tres días después, su abogado Javier Sánchez-Vera, del despacho madrileño Oliva y Ayala, presentó una querella contra la magistrada. Le acusó de un delito de prevaricación judicial, penado con multa e inhabilitación. Alegó que el auto judicial estaba repleto de "falsas imputaciones" con el único objetivo de causarle un "enorme daño mediático y reputacional" a su cliente. Sin embargo, la querella se quedó coja porque obvió indicios clave contra él recogidos por la instructora durante su etapa al frente de la Diputación de Lugo.
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