Zarrías rehúsa declarar ante el juez de los ERE e insiste en la presión política para que compareciera

Tanto Zarrías como los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y Antonio Ávila (Economía y Empleo) estaban citados hoy a declarar ante el juzgado 6 de Sevilla por su presunta participación en la implantación desde 2001 del procedimiento específico para el pago de las ayudas sociolaborales. Aunque todos ellos se han ratificado en anteriores intervenciones, la Fiscalía ha querido dejar constancia de las preguntas que pensaba formularles con el objetivo de indagar en el posible conocimiento que tuvieron de los informes de interventores alertando de posibles irregularidades y de la concesión de unas ayudas concretas. En este sentido, la defensa de Zarrías ha restado importancia a la tesis sostenida por la Fiscalía asegurando que a su paso por el Gobierno andaluz su defendido recibió cientos de cartas de ciudadanos en apuros y que el que se interesara por sus cuitas no significa que lo hiciera al margen de la legalidad.

Zarrías ya prestó declaración la pasada primavera ante el Tribunal Supremo junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dada su condición de aforados, y quedó imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La exposición razonada que elaboró la entonces juez instructora Mercedes Alaya abundó en que en calidad de consejero de Presidencia presidió una docena de reuniones preparatorias de los consejos de Gobierno en las que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con la partida 31-L, el denominado fondo de reptiles con el que se pagaban los ERE, por lo que debía conocer que las irregularidades en el pago de las ayudas estaban causando un gran agujero en las arcas públicas.

En su declaración en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, Zarrías, otrora todopoderoso hombre del PSOE andaluz y número 2 de Manuel Chaves lanzó balones fuera acerca de su gestión en relación con las ayudas fraudulentas, apuntando que el consejillo o reunión del responsable de Presidencia con los viceconsejeros de otras áreas para preparar el contenido de los Consejos de Gobierno no tomaba decisiones políticas y se limitaba a tramitar las propuestas que elevaba cada consejería.

En esa línea, el exconsejero andaluz insistió ante los periodistas que dichas reuniones no son un órgano político por lo que no tomaron decisiones, remarcando que en ningún momento se elevó ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y, por lo tanto, todo estuvo perfectamente ajustado a derecho.

En su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, Zarrías remitió a Hacienda al ser interrogado sobre la propuestas de las transferencias de financiación, sistema adoptado por la Junta de Andalucía en 2001 para el pago de ayudas sociolaborales --que según Alaya debieron tramitarse como subvenciones excepcionalesadoptado en el seno del ejecutivo autonómico precisamente para evitar los controles que por norma requerían este tipo de subvenciones. A su juicio, las propuestas que remitía esta consejería debían recoger ya todas las cuestiones sobre posibles irregularidades planteadas por la Intervención General, por lo que siempre pensó que las ayudas se concedían conforme a la normativa. De esta forma, nunca tuvo conocimiento de un informe sobre irregularidades hasta que el caso saltó a la prensa.

Por su parte, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo aseguró entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que recibió informes de Intervención de trámite, pero ninguno que reclamara la actuación de la consejería ante alguna situación de menoscabo de fondos públicos, y que ni su superior, el entonces consejero José Antonio Griñán ni el presidente Manuel Chaves conocieron de dichos informes.

Los exconsejeros andaluces eran los últimos a los que el juez tenía que tomar declaración para incorporarlos a la causa, dado que hasta entonces estas diligencias se habían tramitado de forma separada. Ahora, y antes de cerrar la instrucción, el juez de instrucción llamará a declarar a algunos de los 51 imputados en esta parte de la causa que en su momento se negaron a declarar ante la juez Mercedes Alaya y que han mostrado su disposición a hacerlo tras su marcha.