El silencio de Microsoft frustra el caso de la espía en la Audiencia Nacional

La razón es que, antes de inhibirse, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, primer instructor del procedimiento, dejó pendiente una solicitud de auxilio a las autoridades norteamericanas en la que reclamaba a Microsoft que identificase los correos electrónicos y las IP (dirección del ordenador) de los tres receptores de la información sustraída por la empleada de Ofilingua, la empresa privada de traducción e interpretación que presta servicio a la Audiencia Nacional o al Supremo, entre otros tribunales.

Estos datos son claves para que el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, competente desde marzo de 2015, pueda cerrar la investigación en toda su extensión. Es decir, conocer nada menos si la supuesta colaboradora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que trabajaba en la Comisaría General de Información cuando se produjo la sustracción de los papeles en agosto de 2012, era agente doble. Esto es, si además de del CNI, estaba a sueldo de otro u otros servicios de inteligencia, como sospechan los investigadores de la Policía Nacional.

A la espera de la respuesta de la multinacional con sede en Washington, el juzgado trata además de determinar si la fuga de información se limitó al CNI o tenía más receptores, lo que revelaría un fallo de seguridad más grave de lo imaginado. Sin embargo, Microsoft ha dado la callada por respuesta pese a las advertencias de la autoridad judicial española para identificar de una vez a los remitentes de los correos electrónicos enviados por la intérprete, que está acusada de un delito de revelación de secretos (su identidad no será revelada por su seguridad).

En este punto, fuentes del juzgado afirmaron que no esperan la ayuda del gigante informático, por lo que es más que probable que la investigación concluya con la apertura de juicio a la única acusada hasta el momento, sobre la que pesan «suficientes indicios incriminatorios».

De «especial complejidad»

En cualquier caso, el juzgado preguntó hace unas semanas a la Fiscalía si, de acuerdo con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, declara el procedimiento de «especial complejidad» para ampliar otros seis meses la instrucción y dar la última oportunidad a Microsoft. Sin embargo, no se espera grandes avances en este periodo ni tampoco la colaboración de la investigada para revelar su red de espías, según comentan las mismas fuentes.

La contratación de la acusada como intérprete externa se debió a que conocía el rifeño, un dialecto autóctono de la zona marroquí del Rif. Su tarea era traducir las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas ordenadas por sendos juzgados. La Policía informó al juez Andreu de que la empleada extrajo «de forma subrepticia un pendrive del ordenador donde estaba trabajando». Ese dispositivo contenía 17 «archivos borrados recuperados» con traducciones de los pinchazos telefónicos. Al conocer los hechos, el juez abrió una causa secreta y determinó que dicha información podría haber sido facilitada a personas relacionadas con terrorismo, por lo que se trataba de un delito investigado por la Audiencia.

Tras concluir las diligencias en febrero de 2014 se concluyó que la sospechosa «mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el CNI», a quien supuestamente «facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos». Pero añadieron «que no es posible determinar si transmitió esta información a algún otro servicio de inteligencia, aunque de acuerdo a un documento recuperado en el dispositivo se generan sospechas».

Posteriormente, el juzgado central se inhibió a un órgano ordinario de Madrid al no apreciar indicios de un delito de terrorismo y éste se quedó con el caso hace ahora un año.