La infanta, como una ciudadana más
ANTONIO PAPELL
Jueves, 3 de marzo 2016, 18:50
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ANTONIO PAPELL
Jueves, 3 de marzo 2016, 18:50
La hermana del Rey ha comenzado esta tarde su declaración en el 'caso Nóos', acusada de ser cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su esposo, en un proceso que trata de esclarecer un oscuro caso de desvío de recursos públicos protagonizado por Iñaki Urdangarin, ... dispuesto a explotar la encumbrada posición social que le otorgaba su regio matrimonio. De momento, el cuñado del monarca no está mostrando la gallardía que cabía esperar de quien desempeña un rol tan delicado pero nadie tiene la obligación de ser un héroe.
La infanta parece una ciudadana más pero nunca lo será del todo, y prueba de ello es que, según se ha revelado, doña Cristina de Borbón está siendo asistida nada menos que por seis abogados. Junto a Miquel Roca y a Jesús María Silva, letrados de relumbrón, el equipo está formado también por Pau Molins, Jorge Navarro, Juan Segarra y Jaume Riutord. Aunque de momento ninguna de las tesis de su defensa ha prosperado: la infanta no ha sido exonerada y ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, una medida que de momento respalda positivamente el axioma que en todo este proceso ha estado bajo observación: 'la justicia es igual para todos'.
A su llegada al estrado, la infanta ha dejado claro que sólo contestaría a su propio letrado, Pau Molins. Pese a ello, la acusadora de Manos Limpias ha enunciado las preguntas que han caído como una losa sobre la credibilidad de todas las evasivas, de todos los desmentidos que se han escuchado en las largas jornadas de la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, a cuyo frente hay tres magistradas jóvenes e independientes que dictarán sentencia al final de todo.
La institución tangencialmente concernida por este asunto, la Corona, pretendió con buen sentido pero sin éxito que doña Cristina de Borbón renunciara a sus derechos dinásticos, que son muy remotos pero que se contaminan evidentemente al acompañar a la infanta por estos vericuetos judiciales. No ha habido modo de que accediera a ello, ni aun después de que les fuera retirado a doña Cristina y a su esposo el título de duques de Palma, lo que comportó también su salida vergonzante del callejero mallorquín, que lo había acogido con hospitalidad.
Los pormenores procesales del caso son de cualquier modo irrelevantes en el análisis político. Lo realmente importante es que al sentar en el banquillo a la real pareja, la Justicia se ha afianzado en su papel de garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en un estado de derecho sin zonas de impunidad. Quien ha pretendido sobrevolar la legalidad creyendo que el imperio de la ley no llegaba a las alturas de su posición ha podido comprobar que los tiempos han cambiado y que esta democracia ha dejado atrás hace mucho tiempo sus impotencias infantiles. Con esta firmeza insobornable de la Justicia, crece el apego de los ciudadanos a un sistema que a todos nos iguala. Y fortalece a la institución monárquica porque ella ha sido la primera en cuidar que ninguna lealtad mal entendida pudiera impedir que la Justicia escrutara hasta los últimos recovecos del caso. Por todo ello, bien puede decirse que en este asunto, un grupo de abnegados representantes judiciales, con el valeroso juez Castro a la cabeza, han prestado un impagable servicio al país.
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