Raquel Gago pide que se confíe en ella para seguir en libertad

Lo ha hecho en una vista oral en la que tres jueces tendrán que resolver la petición del Ministerio Fiscal y las tres acusaciones sobre el ingreso inmediato en prisión después de que el jurado popular la condenase por un delito de asesinato y tenencia ilícita de armas tras encontrar probado que participó en el crimen de Isabel Carrasco.

Una petición que se basa en la gravedad de las penas que, con arreglo a este veredicto, oscilarán entre los 15 años que solicita la Fiscalía y los diez que planteó su letrado. Emilio Fernández ha recordado que, si bien es cierto que aún no se ha dictado sentencia, la ley establece que ésta no puede apartarse de este procedimiento por lo que el margen es escasísimo.

Y si es evidente la gravedad de las penas, remarcó Fernández, más evidente es que el riesgo de fuga es mayor. Por ello entiende necesario que se dicten medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de la condenada.

Por último, el fiscal recordó que los recursos de apelación ante el TSJCyL y el Tribunal Supremo son de carácter extraordinario ya que los hechos probados son los mismos y tan sólo deberán abordar posibles defectos de forma. Es más, Fernández aseguró que la posibilidad de que se revoque la condena es francamente muy escasa.

De ahí que el representante del Ministerio Fiscal remarcase que lo insólito es que Raquel permanezca en libertad porque, según recordó, la situación de Raquel ha cambiado. Antes tenía una expectativa más o menos fundada en que pudiera salir absuelta ahora existe una condena con una pena grave. En casos como estos ante condenas graves lo que procede es su ingreso en prisión.

Argumento que apoyaron íntegramente los tres letrados de la acusación particular que además basaron su petición en el mismo auto por el que la Audiencia Provincial de León decretó el 29 de enero del 2015 la libertad provisional de Raquel Gago por haberse acreditado los indicios.

Arraigo familiar, laboral y social

Por su parte, el letrado de la defensa ha discrepado con los argumentos de Ministerio Fiscal y acusaciones y ha apelado al arraigo familiar, laboral y social de Raquel Gago para negar el riesgo de fuga y ha advertido de los recursos se sustentan en la ausencia absoluta de motivación que existen en el acta del jurado popular en el que se fundamenta el veredicto de culpabilidad.

Es más, Guerrero ha advertido que el jurado se basa en cuestiones que no se corresponden con lo que realmente sucedió ni tampoco con las preguntas que conformaban el objeto del veredicto. Ello, continuó, posibilitará que prosperen los recursos que presentará primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, en segunda instancia, ante el Tribunal Supremo.

De ahí que el letrado se mostrase convencido de que el juicio se repetirá porque no hubo motivación para el veredicto del jurado popular. No es justo que se modifique su situación.

Además la defensa ha recordado que puntualmente Gago ha acudido todos los lunes a su cita en el juzgado y ha presentado un justificante del centro de salud de Valdemoro que aconseja que siga con su tratamiento psiquiátrico para solicitar que se mantenga su libertad provisional. Documento admitido por el tribunal y por la acusación que, si bien, ha recordado que ese tratamiento se puede seguir en prisión.

Rechazadas las 6.000 firmas

Lo que no ha aceptado el presidente-magistrado de la sala son las cerca de 6.000 firmas que en día y medio ha recogida la familia de Raquel Gago a pie de calle y a través de las redes sociales para evitar que la agente ingrese en prisión hasta que se resuelvan los recursos. El magistrado Carlos Javier Álvarez ha recordado que su decisión se basará en criterios judiciales y no extrajudiciales.

En cualquier caso, su letrado ha recordado que las firmas son una muestra de la alarma social que ha causado el veredicto del jurado popular y que demuestran que cientos de ciudadanos confían en que Raquel no se va a fugar. No es necesario que se establezca ninguna medida cautelar para mi clienta, señaló el letrado, que además recordó que los mismos que la condenaron luego pidieron su indulto. Hasta el jurado tiene dudas.

Un acto que terminó con la intervención de apenas minuto y medio de una Raquel Gago especialmente nerviosa que de nuevo se derrumbó siendo nuevamente necesaria la intervención de la sala para recordarla que era imposible entenderla y que declaraba a petición propia.

Piensen si pueden confiar en mí

Entre sollozos, la agente de la Policía Local recordó que durante este año en libertad provisional siempre se ha presentado en los juzgados y pidió a los tres magistrados de la Audiencia que tuvieran en cuenta todo lo que había dicho su letrado. Por último, instó a tener confianza en ella. Si pueden tener confianza en mí como hasta ahora. Piensen en ello.

Será en las próximas horas, previsiblemente este viernes, cuando la Audiencia Provincial de León emita una resolución que decidirá el futuro inmediato de la agente.

El magistrado Carlos Álvarez es quien ha presidido la vista señalada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León para resolver la petición de fiscalía y acusaciones sobre el ingreso en prisión de Raquel Gago.

Al tratarse de una petición sobre medidas cautelares y para mayor garantía es la Sala (el tribunal colegiado que la conforma, con Álvarez como el más veterano y otros dos magistrados) la que escuchará a las partes y tomará una decisión, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Se considera que sobre aquellas cuestiones de la Ley del Jurado no indica expresamente que sean resueltas por el magistrado -presidente del tribunal que juzga un caso, puede ser la Sala la que adopte la resolución correspondiente.

El abogado

La vista, en audiencia pública, ha comenzado a las diez en la sala de vistas número 1 de la Audiencia y a la misma han acudido las acusaciones y Raquel Gago con su abogado. La decisión al respecto se dará a conocer con posterioridad.

Fermín Guerrero, letrado que defiende a Gago, anunció tras la lectura del veredicto el pasado sábado que presentará recurso y planteó para su defendida una pena de ocho años por el delito de asesinato en concurso con el de atentado y dos más por la tenencia ilícita de armas. Al contrario que las acusaciones, considera que sí procede aplicar a su clienta la suspensión de la condena mientras se resuelven dichos recursos porque ha demostrado que no hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y hay circunstancias suficientes que avalan esa petición.

Por su parte, el fiscal y las acusaciones piden para Gago 12 años de prisión por el delito de asesinato -en grado de cómplice- y tres por el concurso de atentado contra la autoridad, además de inhabilitación absoluta y la prohibición de acercarse durante 20 años a la hija y el novio de Carrasco. Reclama además una indemnización de 75.000 euros para ambos, mientras la acusación del PP eleva esa cifra hasta los 100.000.