Los puntos clave del acuerdo PSOE-C's

En este sentido, los dos partidos manifiestan "su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España" así como su defensa del "orden constitucional", eso sí, promoviendo una reforma parcial de la Carta Magna. Advierten de que no se trata de abrir "un proceso constituyente" sino de "mantener los principios e instituciones esenciales de la misma", mediante el "fortalecimiento" de los derechos ciudadanos y su adecuación a las transformaciones de la sociedad.

PSOE y Ciudadanos hacen hincapié en que la reforma "no puede ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos" y señalan que "sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto". El procedimiento consistiría en facultar a una subcomisión del Congreso para, a lo largo de seis meses, buscar un acuerdo que incluya el reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos e incorporar como derechos fundamentales de derechos sociales, con garantías de dotación presupuestaria. Contemplan igualmente la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la revisión de las bases del sistema electoral, la modificación del Senado, la incorporación del "hecho" de la UE al ordenamiento constitucional, y la revisión del Título VIII de la Carta Magna, sobre modelo territorial, para "desarrollar el concepto de Estado Federal". La idea es que, tras disponer de este acuerdo, una ponencia constitucional pueda comenzar a redactar el proyecto de la reforma a comienzos de 2017.

No obstante, las dos fuerzas políticas hacen apartado de la reforma urgente de la Constitución que anunciaron ayer, y que quieren promover "en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno". Se trata de suprimir los aforamientos, reducir a 250.000 las firmas necesarias para promover una ley de iniciativa popular, la limitación a ocho años del mandato del presidente, bajar a diez el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y suprimir las Diputaciones Provinciales.

De forma complementaria, abogan por reconocer como fundamental el derecho a la protección de la salud, así como incluir como constitucionales el derecho de acceso a la información pública, los derechos digitales, a la seguridad social, la atención a dependientes, vivienda y el derecho al medio ambiente.

El PSOE y Ciudadanos pretenden revisar el Título VIII, entre otros motivos, para incorporar la denominación de las comunidades autónomas o "garantizar la igualdad de trato de todos los españoles", independientemente de su lugar de origen y residencia.

En cuanto al Senado, su propuesta consiste en transformarla en "estricta Cámara de Territorial" con una composición máxima de 100 senadores -en vez de los 266 actuales- y "con funciones vinculadas a la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado". Entre ellas, puntualizan, figuraría la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o los "niveles comunes en los grandes servicios públicos". En todo caso, advierten de que si no se logra transformar en Cámara Territorial, ambos partidos abogarán por su supresión como Cámara de segunda lectura.

Reforma electoral

El acuerdo al que han llegado el PSOE y Ciudadanos establece la creación de una subcomisión en el seno de la comisión constitucional del Congreso para que, durante tres meses y con la opinión de expertos, estudie la reforma de la ley electoral. En el documento se afirma que las bases del régimen electoral se encuentran en la Constitución "y, en consecuencia, su alteración requiere la reforma previa de ésta".

Sin embargo, precisan que existen "algunos extremos susceptibles de revisión" en la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuya reforma puede abordarse por vía ordinaria y "con el amplio consenso que exige la reforma de elementos clave del sistema político".

En ese sentido, pactan la creación de una subcomisión parlamentaria que, en el plazo de tres meses, pueda elaborar una proposición de ley orgánica de reforma de la ley electoral.

Contrato estable y progresivo

El acuerdo para un gobierno reformista, suscrito hoy entre PSOE y Ciudadanos, fija un nuevo contrato estable y progresivo, con una duración de dos años, que sustituye a los actuales temporales y que contempla indemnizaciones crecientes por despido por causas económicas, organizativas y productivas. Según el documento, el nuevo contrato, que el tercer año se convierte en indefinido, va acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentiva la movilidad laboral sin perder los derechos adquiridos, y que de no ser despedido el trabajador pasa a formar parte de un complemento a su pensión.

Además, según el acuerdo firmado por PSOE y Ciudadanos, las modalidades de contrato se reducen a tres: el indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos, el estable y progresivo para puestos de trabajo de una duración determinada y el de relevo y formación. El documento también introduce penalizaciones a la empresas que abusen de la rotación laboral mientras que incentiva a las que crean empleo estable mediante reducciones en las cotizaciones sociales. Para favorecer la estabilidad laboral, se permite a las empresas formas de flexibilidad y adaptación capaces de responder a los desafíos económicos y tecnológicos "de forma que el despido sea el último instrumento de ajuste".

IRPF y bajada de déficit

El PSOE ha acordado con Ciudadanos no subir el IRPF y reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita, en tanto que tratarán de retrasar un año la meta de déficit comprometida con Bruselas y situarlo por debajo del 3% en 2017 en lugar de este ejercicio.

Además, el PSOE se ha comprometido a no llevar a cabo ningún recorte en gasto social y a reducir el IVA cultural al 10%, desde el 21% actual, y mantener el IVA del libro en el 4%.

Según el pacto de gobierno al que han llegado hoy ambas formaciones, la senda concreta de reducción del déficit público se acordaría con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas a cierre de 2015. El texto del documento señala que el nuevo ejecutivo propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza. De esta forma, la mejora en los ingresos se logrará también ensanchando las bases imponibles.

Asimismo, se contempla una reforma en profundidad del impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales.

El nuevo ejecutivo estudiará la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario y armonizará el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del Estado.

Financiación autonómica

El PSOE y Ciudadanos se han comprometido a que en seis meses pueda haber un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija las insuficiencias del sistema actual y garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución.

Ese es uno de los acuerdos recogidos en el pacto de legislatura firmado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para la investidura de la próxima semana.

Democracia interna

El PSOE y Ciudadanos han acordado que la financiación estatal a los partidos no sólo esté vinculada al resultado electoral en escaños y votos, sino a "elementos de democracia interna de los partidos, en los términos que la ley establezca".

El pacto establece la retención de las subvenciones públicas a los partidos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas y que las formaciones que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción se hagan responsables patrimoniales de dichos actos.

Según el documento del acuerdo que han suscrito ambas formaciones, las donaciones privadas a los partidos políticos contarán con "incentivos fiscales regresivos" y se prevé "un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración del IRPF".

Memoria histórica

El PSOE y Ciudadanos han pactado revitalizar la Ley de Memoria Histórica, según el documento de acuerdo que suscribirán hoy los dirigentes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, en el Congreso.

En el texto del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a "revitalizar la aplicación" de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de Memoria Histórica. Para ello, acuerdan incorporar "la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria".