La Fiscalía pide a Policía y Guardia Civil que vigile los homenajes a Otegi

En un escrito dirigido al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, el fiscal jefe Javier Zaragoza ha solicitado que dé las instrucciones pertinentes a las fuerzas de seguridad bajo su mando, Policía Nacional y Guardia Civil, para que prevengan la comisión de delitos y "en caso de que se cometan practiquen las diligencias necesarias" y comuniquen el consiguiente atestado al tribunal.

Solicita además Zaragoza que se comunique a la Fiscalía "cualquier novedad o incidencia" relacionada con los actos de bienvenida a Otegi, que ha pasado seis años y medio en prisión por un delito de integración en organización terrorista en el 'caso Bateragune', el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tendrá que decidir, previo informe a la Fiscalía, si prohíbe esos actos tal y como ha pedido la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Fuentes de la Fiscalía señalaron que no se sumarán a la petición de la AVT porque no se puede prohibir un acto por un supuesto ilícito penal de forma preventiva.

Tres actos

Además de un primer recibimiento en el exterior de la cárcel de Logroño, esa misma tarde se ha organizado una fiesta de bienvenida en Elgoibar (Gipuzkoa), la localidad natal del exportavoz de Batasuna, y el 5 de marzo un acto político en el Velódromo de Anoeta.

Tanto para el delegado del Gobierno como para la AVT estos actos pueden ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo y, según Urquijo, que "algunos pretendan presentar a Otegi como un hombre de paz ni blanquea su historia de apoyo a la banda terrorista ETA ni supone una patente de corso para verse exonerado de cumplir la ley".

La AVT considera que la finalidad de esos actos no es otra que "ensalzar a quien ha sido condenado por pertenecer a ETA", con la consiguiente "humillación y menosprecio" a las víctimas y sus familiares, sobre quienes estos actos producen "un grave impacto".

Asimismo, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado que confía en que "se cumpla la legalidad vigente" y "no se cometa ningún delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas".