«Se contrató a Nóos para poner a Valencia en el mapa»

Vela, durante el segundo día de declaración, ha insistido en que ninguna institución ha alertado de que la adjudicación de aquellas cumbres al Instituto Nóos sin concurso público era ilegal y que no bastaba, como sostienen los imputados, un convenio de "patrocinio". "Nadie me hizo ningún tipo de advertencia, no hubo luces rojas. No tuve ningún tipo de advertencia ni legal ni técnica ni de mis superiores. El Tribunal de Cuentas fiscalizó los Valencia Summits y no vio ningún tipo de problema", ha explicado.

"No acabo de entender cuál es el problema", ha apuntado Vela en una declaración mucho menos alterada que ayer. Al inicio de la sesión de este miércoles, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha llamado la atención por su "tono hostil" y le ha instado a responder con "mayor serenidad" y "sosiego" a las preguntas.

"Contratos entre privados"

Poco después, Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de Cacsa, una y otra vez, ha defendido ante el tribunal que en ningún momento las instituciones valencianas se saltaron la legalidad en sus adjudicaciones a dedo a Urdangarin porque los eventos financiados a medias por el Gobierno autonómico y el ayuntamiento fueron simples "patrocinios" a través de "convenios de colaboración". Una fórmula -ha explicado- que no estaba sujeta a la ley de contratación pública porque se trataba de un "contrato privado" aunque -ha tenido que reconocer la imputada- el 100% del dinero era de origen público y Cacsa era también al 100% dependiente de la Generalitat.

Maldonado, que en su declaración policial llegó a admitir que ella se encargó de "vestir el santo" para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a Nóos, se ha distanciado de aquella confesión y ha insistido en que todo fue legal. "La ley de contrato de las administraciones públicas no era de aplicación", ha apuntado la directora de gestión de Cacsa, quien ha afirmado que los contratos con Urdangarin y Torres se movían exclusivamente en el "ámbito del derecho privado". Era, en síntesis, un "contrato de patrocinio sujeto a derecho privado". "¿Con capital público, derecho privado?", le ha recriminado la fiscal Ana Lamas. "No era un contrato de obra ni de consultoría ni de servicios", ha sido la respuesta de la exjurista de la Generalitat.

La trama valenciana exculpa a Camps

Miguel Ángel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), uno de los organismos públicos que adjudicó a Nóos las cumbres de la capital del Turia, ha negado de manera tajante que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps mediara o presionara para que esta empresa pública contrata al instituto de Iñaki Urdangarin.

Es más, según Aguilar, ni siquiera conoce personalmente al exjefe del Gobierno autonómico. Nunca se puso en contacto conmigo el señor Camps. Este señor jamás, nunca, me contacto absolutamente para nada. Ni para éste, ni para otros temas. No tengo el placer de conocer en lo personal. Solo he coincidido en actos protocolarios. Yo no dependía del Gobierno sino de un consejo de administración, ha señalado el exmáximo responsable de Cacsa, ente participado al 100% por la Generalitat y del que salieron parte de los 3,6 millones de euros que las administraciones valencianas dieron a dedo a Nóos para los Valencia Summits de 2004, 2005 y 2006.

El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, implicó a Camps en sus declaraciones y sus mails. Según su testimonio, el expresidente y la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá se reunieron con él mismo y Urdangarin en el palacio de la Zarzuela. Aquel encuentro sostiene Torres- fue el germen de los Valencia Summits.