La Audiencia Nacional reabre la causa a 76 etarras beneficiados por estudios

El tribunal de la sección cuarta, presidido por la magistrada Ángela Murillo, considera que existen indicios de un delito de terrorismo para revocar el sobreseimiento provisional dictado por la juez Lamela, que vio posible falsedad documental pero rechazó que la causa siguiera en la Audiencia Nacional al no ser competente.

Sin embargo, la sala considera necesario que se practiquen determinadas diligencias para determinar si los presos etarras recibieron ayuda de terceras personas en el exterior, facilitándoles documentos, "con conocimiento de que de tal manera conseguían de forma fraudulenta la libertad anticipada de las condenas de ETA". Una hipótesis que encajaría en la supuesta colaboración con organización terrorista.

El tribunal estima así el recurso de apelación de la acusación popular ejercida por Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), al que luego se sumó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Entre los terroristas denunciados por Covite están dirigentes históricos de la banda como Francisco Múgica Garmendia Pakito, Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario. También figuran militantes con decenas de asesinatos a sus espaldas y condenados a miles de años de cárcel como Domingo Troitiño Arranz, Inmaculada Noble o Inés del Río, beneficiados por la derogación de la llamada doctrina Parot, que contabilizaba los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el máximo de cumplimiento efectivo de 30 años.