El Supremo rebaja a 3 años la pena de prisión a Roca por el caso Saqueo II

Según la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Penal mantiene la indemnización de 37 millones de euros, que Roca tendrá que abonar junto con otros condenados.

Tras el caso Saqueo I por el que Roca está actualmente en prisión, el caso Saqueo II investigó la gestión que los concejales del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999 de los servicios municipales a través de sociedades mercantiles a iniciativa del entonces alcalde, Jesús Gil. "Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario público", recuerda la sentencia.

El alto tribunal ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y de algunos de los condenados.

Esta nueva sentencia de la Sala Segunda del TS modifica a la recurrida anteriormente en tres cuestiones: la fijación de penas -inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absolución de dos de ellos por falta de pruebas y por prescripción del delito, y la modificación de la responsabilidad civil de otros dos condenados.

La sentencia recoge que las nuevas penas son "respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad", y tienen en cuenta la anterior condena que les fue impuesta por el mismo delito -malversación continuada de caudales públicos- en el caso Saqueo I. Incluso reconoce que las distintas acciones podrían haberse enjuiciado "como un único delito continuado, en un único juicio".

La rebaja de la pena de prisión también afecta a Julián Muñoz, Pedro Román Zurdo, Modesto Francisco de Asís y María Perodia Cruz-Conde, cuyas condenas pasan de seis a cinco años por el mismo delito continuado de malversación. Otros siete condenados ven reducidas sus condenas y dos, José Antonio Andrade Jurado y Antonio Romero Ramos, han sido absueltos.

La Sala de lo Penal explica que los condenados, como gestores públicos, debían actuar "con la transparencia y claridad que exige el manejo de caudales públicos" y debían justificar "la pérdida, destrucción o sustracción de los mismos, o la entrega de tales fondos". Pero concluye que los condenados "en modo alguno han acreditado la justificación de su destino público, ni dado explicación de su destino".