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cecilia cuerdo
Martes, 2 de febrero 2016, 10:24
La juez que instruye el caso de los ERE mantiene que la división del caso en piezas separadas agilizará y evitará sentencias contradictorias en el futuro, pese a los recursos presentados por algunos investigados como el ex director general de Trabajo de la Junta de ... Andalucía Javier Guerrero. De esta manera, en su opinión es "esencial" que se esclarezca si el sistema de concesión de ayudas implantado por el Ejecutivo regional era legal o no, ya que este aspecto condicionaría los pronunciamientos sobre las ayudas concedidas que se investigan y se evitarían sentencias contradictorias.
María Núñez Bolaños se pronuncia así en el auto en el que desestima los recursos presentados por Guerrero y su sucesor, Juan Márquez, contra la división del caso de los ERE en piezas separadas. La juez, frente al criterio de causa indisoluble mantenido por la anterior instructora Mercedes Alaya, considera posible el enjuiciamiento por separado de las ayudas concedidas "sin que pueda apreciarse división de la continencia". "Cada ayuda puede ser instruida y enjuiciada de forma separada sin causar indefensión y permitiendo un estudio más detallado y pormenorizado de cada una de las ayudas, de los elementos objetivos y subjetivos en los sujetos activos, tanto concedentes como perceptores", insiste el auto.
La juez subraya que lo fundamental sería resolver el considerado nudo gordiano de la trama, es decir, si el sistema de concesión de ayudas se ajustaba a derecho o no. Una legalidad que se instruye en la considerada pieza política de la trama y que investiga la responsabilidad de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de varios exconsejeros autonómicos entre los años 2001 y 2011.
A partir de ese punto, sería mucho más sencillo "el diseño del resto de las piezas" referidas a cada ayuda sociolaboral, muchas de las cuales se encuentran en una fase germinal de la investigación policial y 150 "ni siquiera están en fase judicial". De esta forma, la juez entiende que una vez aclarada la legalidad o no de las ayudas, sería más ágil determinar las irregularidades que se pudieron cometer en la aplicación de ese sistema, como la inclusión de los denominados 'intrusos' o incluso el pago de "sobrecomisiones". De hecho, señala que este debería ser el segundo punto en esclarecer en la maraña de los ERE, alertando de que si no se observa ese orden podrían ocasionarse sentencias judiciales contradictorias tras juzgar cada una de las piezas.
"Es una cuestión esencial, para determinar el diseño del resto de las piezas y para su enjuiciamiento, que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado, sobre si las comisiones pactadas eran elevadas o, en su caso, ajustadas a normas del mercado", incide la juez, "y si eran sobre comisiones pactadas, si ello pudo suponer un menoscabo del erario público al ser la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantiza una participación ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía".
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