CECILIA CUERDO
Lunes, 1 de febrero 2016, 11:31
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye la pieza más política del caso de los ERE que cite a declarar como investigados a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas anteriores comparecencias se realizaron como aforados y ante el Tribunal Supremo. ... El Ministerio Público entiende que estas nuevas comparecencias son necesarias una vez que esta parte de la causa se ha desgajado en una pieza separada, por lo que reclama además las declaraciones del resto de cargos aforados, como los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.
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Se trata de un paso lógico una vez que tanto los expresidentes como sus exconsejeros perdieron el rango de aforados al abandonar sus escaños en las Cortes generales o no repetir como parlamentarios autonómicos. Una situación que provocó que el TS y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que conoció la declaración de los cargos autonómicos remitieron todas las diligencias instruidas hasta ese momento al juzgado 6, encargado de la totalidad del caso de los ERE fraudulentos. El magistrado del TS que instruyó la causa reprochó entonces a los aforados que habían sido ellos mismos los que abandonaron en marcha el tren de esta instrucción para subirse a otro ajeno a la competencia del instructor, impidiendo que continuara el proceso y se resolvieran los recursos pendientes. Y les afeó que se refugiaran en una opción procesal que no todos los justiciables tienen, la de poder elegir entre ser investigados por el Supremo o por el juzgado de Instrucción de Sevilla.
Así, en el escrito remitido a finales del pasado mes de enero al juzgado 6 de instrucción, ahora en manos de la juez María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo Álvaro Martín, Anticorrupción plantea que resulta necesario oír en declaración en calidad de investigados (antes conocidos como imputados) a aquellas personas que no habían declarado en dicho juzgado hasta que se dictó el auto de 17 de noviembre de 2015, en el que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza separada referida al procedimiento específico de los ERE. Esta pieza se centra en la puesta en marcha en 2001 del convenio marco que amparaba la concesión de ayudas sociolaborales y directas a empresas en situación de crisis, y que la anterior instructora Mercedes Alaya consideró inadecuado. Según argumentó en su exposición razonada, dichas ayudas se tenían que haber concedido como subvenciones extraordinarias, ya que el sistema empleado favorecía la discrecionalidad y la falta de fiscalización.
Fuentes judiciales han confirmado que el juez Álvaro Martín, encargado de la pieza separada, ya ha emplazado dichas citaciones a la recepción de una documentación pendiente que había sido solicitada además por la propia Fiscalía Anticorrupción, relativa a los informes de Intervención General sobre las personas que participaron en los controles de fiscalización y elaboración de las memorias de control financiero.
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