El caso de los ERE cumple un lustro de instrucción sin que se aviste su final

En este lustro el caso ha dado muchas vueltas y ahora afronta una división en piezas más asumibles que aspira a darle agilidad a la instrucción, aunque nada garantiza que se puedan empezar a celebrar juicios este año. Y la investigación tan larga conlleva además dos riesgos: que prescriban los delitos y que los inculpados vayan falleciendo, como ha ocurrido con dos imputados sin tener aún auto de procesamiento.

El 19 de enero del 2011, la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una causa tras detectar irregularidades en el expediente de regulación de empleo de la empresa Mercasevilla, y con la sospecha de que esas anomalías podían repetirse en expedientes similares costeados por la Junta. Las irregularidades se remontaban a una década atrás, y, según su tesis, detrás había una decisión voluntaria del propio Ejecutivo regional: hacer pagos para mantener la paz social y asegurarse los votos en una época convulsa laboral y políticamente (los años de la pinza PP-IU que acortó la legislatura).

Fórmula de "bolsillo roto"

Esta fórmula de "bolsillo roto", según definición de IU, acabó convertida en un monstruo que contaminó toda la actividad política. Tras un primer enfrentamiento con la Junta a cuenta de la voluntad de la jueza de acceder a las actas reservadas del Consejo de Gobierno y el encarcelamiento de ex altos cargos en momentos clave de la política nacional, en el 2012 la ola se llevó por delante al presidente José Antonio Griñán, que dio un paso atrás en un intento de alejar del foco el escándalo que acechaba a la cúpula del Ejecutivo. El caso alcanzaba ya a medio centenar de altos cargos imputados, entre ellos consejeros y directivos, y apuntaba al PSOE en Sevilla y a empresarios afines.

Fue en balde. En plena antesala de las municipales, Griñán y su antecesor, Manuel Chaves, acudieron al Supremo para contar cómo se concedieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2011, de los que los peritos policiales cuestionan 152 millones.

Según la jueza, el Ejecutivo adoptó un «procedimiento inadecuado» que agilizaba la entrega de fondos al tiempo que eludía cualquier fiscalización. Ambos expresidentes negaron la mayor, limitando la responsabilidad al exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, aunque el Supremo concluyó que había indicios de prevaricación administrativa.

Añadía además el delito de malversación al que fuera exconsejero de Empleo y líder del PSOE de Sevilla José Antonio Viera. Con la dimisión de Chaves y la no repetición de los otros aforados en el escaño, la causa ha vuelto al juzgado de Sevilla y la nueva instructora ya ha empezado a citarlos a declarar.

Será la parte que antes se enjuicie, aunque no se sabe aún a quién sentará en el banquillo ni cuándo. El resto de tramas, como las sobrecomisiones pagadas a sindicatos y aseguradoras por su mediación o las ayudas millonarias a empresarios socialistas de la Sierra Norte de Sevilla, deberán esperar porque están aún en fase inicial de investigación.

El caso también ha convulsionado los juzgados con la pugna entre Alaya y la jueza que la sustituyó tras el ascenso de esta. Porque Alaya quiso retener la instrucción, algo que finalmente no consiguió.