El juez deja libres con cargos a Rus, Llopis, Medina y Caturla

El juzgado fijó sendas fianzas de dos millones para Rus y Caturla. Mientras que para Llopis y Medina se estableció una garantía de responsabilidad civil en caso de una eventual condena de un millón de euros para cada uno. No se aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro ex altos cargos arrestados por amaño de contratos.

Alfonso Rus fue ayer uno de los últimos detenidos en pasar a disposición judicial y prestar declaración ante el juez instructor, Víctor Carrasco. Una vez comparecieron en sede judicial los empresarios y exempleados de Diputación implicados en la trama, le llegó el turno a Rus. Eran las 21 horas. La Fiscalía Anticorrupción pidió la entrada en prisión para el también expresidente de la Diputación de Valencia, pero el magistrado denegó esta petición y decretó su puesta en libertad con cargos, a pesar de que se acogió a su derecho a no declarar. Rus deberá hacer frente a una fianza de dos millones de euros. Antes, por la mañana, ya había sido interrogado en la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix, desde donde fue trasladado en coche hasta la Ciudad de la Justicia.

Pasada la medianoche, con el auto del juez que decretaba su libertad, Rus decidió comparecer ante los medios que lo esperaban a las puertas del juzgado. El expresidente de la Diputación apeló a su inocencia y reconoció que su única responsabilidad era la de "haber metido en la Diputación a alguien que no debía», en alusión al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Rus se presentó como víctima de una trama contra él y achacó a los numerosos períodos electorales la macroredada. De hecho, tan locuaz como acostumbra, volvió a una de sus famosas frases para aplicársela a los que hasta entonces compartieron calabozo con él en las Comandancia de la Guardia Civil. "Al que meta la mano hay que cortársela", señaló, tras salir acompañado de su exnúmero dos, Juanjo Medina.

El expresidente provincial del PP de Valencia está considerado como uno de los cabecillas de la trama, dado el elevado número de cargos y poderes que acumuló, tanto en el partido como en instituciones públicas y entidades sociales de gran visibilidad (el equipo de fútbol de su localidad, el Olimpic, que presidió durante años). Así se denota de la alta fianza que anoche le impuso el juez, la más elevada junto a la de Máximo Caturla.

Al parecer, el exalcalde de Xàtiva tejió una red de complicidades políticas y personales. El hilo para enhebrar tales alianzas, según apunta ahora la investigación judicial, era el poder y el dinero, y no siempre por este orden. A Rus se le atribuyen varios delitos de corrupción relacionados con una trama de financiación ilegal del partido que afecta a varios ayuntamientos, a la Corporación Provincial y a la Generalitat. La Guardia Civil seguía sus pasos y los de su equipo (es el caso de Llopis, o de Medina, al que cedió todo el poder en la Diputación tras ser forzado a desaparecer a causa de Imelsa) desde hacía años, pero las grabaciones llevadas a cabo durante años por el exgerente de Imelsa y persona de su confianza, Marcos Benvent, han acabado con su detención.

Las fianzas más altas

Antes, también se había presentado ante el juez Máximo Caturla, considerado como una de las piezas centrales de esta trama. De hecho, el juez fija para él la misma fianza que para Rus, que son las dos más altas de todos los implicados en la operación. El exsecretario autonómico de Educación dirigió desde este cargo la empresa pública Ciegsa, creada por el Consell de Eduardo Zaplana para la construcción de estructuras educativas. Los investigadores sospechan que, al igual que habría ocurrido con Imelsa, Ciegsa habría sido utilizada para contratar de manera irregular con empresas constructoras, de las que se habrían cobrado comisiones millonarias.

Caturla, que llegó a la Diputación de Valencia en 2007 de la mano de Marcos Benavent -el exgerente de Imelsa cuya denuncia ha permitido impulsar esta investigación judicial-, se convirtió en esta institución en el principal responsable de las cuentas de la corporación provincial. El exdirigente popular aparece además en una de las grabaciones que han visto la luz de este caso. En ella, Caturla habla con Benavent y se identifica como uno de los de "las tuberías", en alusión a su condición de fontanero del partido.

Los últimos en pasar a disposición judicial anoche fueron Juanjo Medina y Emilio Llopis.

Emilio Llopis era el número dos de Alfonso Rus. Durante los ocho años que estuvo como jefe de gabinete del presidente de en la Diputación de Valencia, se convirtió en algo más que un diputado del equipo de gobierno, aunque nunca pudo pudo sentarse en los escaños del hemiciclo provincial.

El que fuera vicepresidente primero de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, otro de los detenidos en la jornada del martes, no tenía relación orgánica con la empresa provincial Imelsa, pero sí era el encargado de impulsar planes que subvencionaban a los ayuntamientos de la provincia de Valencia por actuaciones que desarrollaba la citada compañía pública, como los campos de césped.