La trama de corrupción de Valencia amañó contratos durante doce años

Alfonso Rus sobresale entre los detenidos. El expresidente de la Diputación y exalcalde Xàtiva aparece como uno de los cabecillas de la trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. En el mismo nivel de la pirámide delictiva se situaría Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la Diputación, según informa Las Provincias.

Esta pareja era la gran comisionista de la red delictiva. Junto a ella aparece otro exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, y el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis. Este cuarteto, núcleo duro y de confianza de Rus, se sitúa a la cabeza de la presunta trama que no sólo extendió sus tentáculos por Imelsa. La empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de colegios, también fue víctima de una desmedida ambición económica. Sin embargo, las conclusiones finales de la investigación podrían deparar unas consecuencias todavía más graves para la Comunidad Valenciana y que además dejarían herido de muerte al Partido Popular.

En este sentido, el papel de Gerardo Camps resultaría clave en la trama. Algunas fuentes apuntan a que era otro de los «coordinadores», atribuyéndole incluso un rol similar al de Rus o Caturla. La investigación, todavía bajo secreto, dirige uno de sus focos directamente hacia el actual diputado nacional del PP.

No es el único aforado que, de momento, disfruta de este paraguas del Tribunal Supremo en virtud de su condición para evitar afrontar mayores consecuencias. La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá podría verse salpicada directamente por un asunto que afectaría a su gestión al frente del consistorio. Una línea de investigación conduce a ella. Además, una de las personas de su círculo de confianza, Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal durante 25 años, fue detenida ayer. Un aviso para Barberá.

Más de un centenar de cargos implicados

La Guardia Civil y uno de los fiscales anticorrupción irrumpieron a las diez de la mañana en las dependencias municipales. Aparte de la anterior detenida, los agentes también comunicaron la imputación del portavoz del PP Alfonso Novo, del asesor Luis Salom y de María José Pi. Esta última es la secretaria de García-Fuster. El principal objetivo de los investigadores fue recopilar copias de correos electrónicos.

La financiación del PP -al igual que en Gürtel- también está siendo revisada al detalle en este caso. Benavent confesó en su día, durante las más de cien horas que ha declarado ante la Benemérita, que parte de las mordidas iban destinadas a la caja del partido para costear campañas y actos de la formación. Por el momento no ha trascendido si algún cargo del organigrama popular se ha visto atrapado por la red tejida por la Guardia Civil.

Miembros de la trama delictiva, entre ellos el exgerente de Imelsa, organizaban comidas en restaurantes para repartirse el dinero. Allí todos los comensales recibían su parte correspondiente de la comisión cobrada por adjudicar un determinado contrato. Al parecer, había un local por el que sentían predilección. La sobremesa no era precisamente breve. Ahora se investiga de qué forma y a través de qué firmas se blanquearon estas cantidades.

El dispositivo policial se saldó con cifras escandalosas para una Comunidad muy castigada ya por la corrupción política. El balance, por el momento, es de 24 detenidos, cifra que no se descarta que pueda aumentar en un futuro. Además, los agentes realizaron 33 registros en toda la Comunitat, entre empresas y los domicilios de los propios arrestados. Dentro de las dependencias visitadas por la Guardia Civil se encuentra la empresa pública Ciegsa y fundaciones (entre ellas la Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente), aparte de la sede del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia.

Pero las pesquisas, en realidad, salpican a un mayor número de personas. Más de un centenar de cargos públicos y empresarios están investigados por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO). Sin duda se trata del mayor caso de corrupción por número de imputados y la posible cantidad de dinero malversado. Los millones se cuentan por decenas. Una estructura de crimen organizado.

Más datos que ofrecen una idea del ingente volumen del asunto en manos del titular del juzgado de Instrucción número 18. El juez decidirá en breve si acepta la petición formulada por la UCO de la Guardia Civil de embargar un total de 150 coches de alta gama vinculados a las personas implicadas en la trama, así como el bloqueo de 252 cuentas bancarias.

Bajo secreto

El instructor analiza la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales, incluso a nivel internacional. En este último ilícito el papel de Rus y Camps podría definirse como primordial. Dos fiscales anticorrupción participaron en la operación debido a la cantidad de registros. Se desconoce la importancia del material decomisado en estas intervenciones. En teoría, los principales imputados conocían desde hace meses que la Guardia Civil seguía de cerca sus pasos.

La investigación, no obstante, sigue bajo secreto. Se mantendrá al menos hasta que se practiquen todas las declaraciones que comenzaron ayer mismo. La primera detenida en comparecer fue la exconcejal y esposa del vicealcalde Alfonso Grau, María José Alcón. Entró acompañada por dos agentes de la Guardia Civil y por su letrado cerca de las once de la noche. Al parecer, su delicado estado de salud hizo que se adelantara su comparecencia ante el juez, quien le embargó bienes y decretó su libertad bajo fianza. Entre los arrestados figura Pedro Aracil, antiguo asesor de Alcón.

Uno de los epicentros del terremoto judicial y político que sacudió ayer la Comunitat tuvo lugar en Xàtiva. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil y el fiscal Vicente Torres entraron por la puerta del garaje para realizar el registro en la casa de Alfonso Rus y detenerlo de la forma que menos perjudicara a la imagen del expresidente de la Diputación. Eran las nueve de la mañana. De hecho, la mayoría de sus vecinos se enteraron de la operación policial a través de las ediciones digitales de los medios de comunicación y tras la nube de periodistas que se concentró en la calle Moncada de Xàtiva.

Unos 150 vecinos se agolparon en la salida del garaje para ver cómo aparecía su exalcalde custodiado por la Guardia Civil. Una vez acabado el minucioso registro, Alfonso Rus salió del inmueble en un vehículo sin distintivos policiales entre gritos e insultos. «Cabrón» y «corrupto» fueron algunos de los improperios. También le gritaron que devolviera el dinero antes de que el turismo abandonara el centro de Xàtiva. A continuación se trasladaron a una empresa del ex dirigente popular, donde se practicó otro registro. Los especialistas permanecieron más de ocho horas, desde las 15.30 hasta las 23.30 en la firma de muebles FDM.

La pequeña localidad de Genovés, en la Costera, fue otro de los puntos calientes. En este caso, los investigadores acudieron a casa del exalcalde Emilio Llopis. Muchos de sus vecinos no se sorprendieron. Un grupo de personas se concentraron frente a su domicilio, lo que provocó cortes en la carretera por lo que ha tenido que acudir la policía para evitar incidentes con el tráfico.

Grabaciones

Además de la cúpula de la organización, una estructura perfectamente organizada para amañar concursos y cobrar comisiones, la Guardia Civil arrestó a una veintena de personas. Destaca el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco. Este último aparece también como muy cercano a Rus. Se trata de un histórico dirigente en el órgano provincial. Durante la década de los noventa fue jefe de Informática. Más tarde ocupó la responsabilidad de Evaluación y Planificación.

Otro de los que ayer recibieron la inesperada visita de los agentes y que resultó detenido fue Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent y amigo íntimo de Deusa. El domicilio de la familia en Játiva sufrió una minuciosa inspección por parte de los especialistas de la Guardia Civil. Posiblemente también se rastreara su segunda vivienda, un chalé muy cerca del núcleo urbano. Su papel resulta, sin duda, capital en toda esta trama. Terriblemente molesto por cómo Benavent había tratado a su hija decidió vengarse con todo lo que encontró a mano. Y qué mejor munición que las grabaciones que durante años acumuló el exgerente de Imelsa como una forma de cubrirse las espaldas por si algún día -como ocurrió hace unos meses- este escándalo llegaba a los investigadores.

Benavent, que se compró un equipo de grabación profesional, vivía obsesionado con su privacidad. Pero no dudó en acumular audios con decenas de horas de conversaciones muy comprometidas para destacados dirigentes. Los audios implican a la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, el expresidente Rus y otros dirigentes.

Hasta la fecha 13 empresarios han sido detenidos. Algunas de las identidades ya han trascendido, según las fuentes consultadas. Otros responsables de mercantiles desfilarán por el juzgado en breve. Las oficinas de la empresa valenciana de comunicación y publicidad, Engloba, también fue registrada a lo largo del martes y a última hora de la tarde era detenido su propietario, José Adolfo Vedri, conocido como Sadol. El empresario, vinculado también con la gestión del Centro Cultural La Rambleta, ha sido trasladado a las dependencias del cuartel de Calamocha y se prevé que preste declaración esta mañana.

La construcción del complejo cultural, así como la rehabilitación y obras en otros puntos de interés de la ciudad, se encuentran bajo investigación. Fuentes de la empresa reconocen que trabajaron para Imelsa, pero que fue «un cliente más». Por otra parte, se le alquiló un bajo en la calle Poeta Liern de Valencia, en el que actualmente continúa como inquilina. El registro y la documentación intervenida tiene que ver con esos trabajos realizados a la empresa de la Diputación, según los testigos.

Otro de los rostros conocidos del empresariado es Carlos Turró, presidente de Cleop. La empresa ha sido adjudicataria de diversas obras públicas y superó el concurso de acreedores en 2014, tras un profundo redimensionamiento. Entre sus negocios también se ha contado la gestión del servicio de gruas municipales de la ciudad de Valencia, entre otras plazas, aunque fue el fin de la concesión en la capital la que llevó a la suspensión de pagos de esta filial. Turró figuraba con una deuda de 9,5 millones de euros en el listado publicado de los principales deudores de la Agencia Tributaria, pero esta no ha sido la única noticia vinculada a aspectos ajenos a la actividad empresarial. Hace dos años, la Fiscalía archivaba la investigación por los créditos concedidos a la empresa por el Banco de Valencia.