El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Gobierno recurrirá las competencias de la consejería catalana de Exteriores

El Consejo de Ministros renuncia a recurrir la toma de posesión en la que el presidente Carles Puigdemont obvió cualquier referencia a la Constitución y el Rey

Nuria Vega

Viernes, 22 de enero 2016, 15:13

El Gobierno ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones que la Generalitat ha encomendado a la consejería de Asuntos Exteriores que dirige Raül Romeva. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sospecha que el Ejecutivo catalán trata de desarrollar la suspendida ley de Acción ... Exterior y de ahí las instrucciones dadas a la Abogacía para analizar tanto este extremo como un posible conflicto de competencias con el Estado.

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El Consejo de Ministros ha adoptado esta decisión tras estudiar los correspondientes informes elaborados por los ministerios de Hacienda y de Justicia, y ha resuelto recurrir también la comisión de estudios del Proceso Constituyente que constituirá el parlamento de Cataluña para identificar las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar ese proceso.

En principio, la comisión iba a tener rango legislativo, pero su cometido fue finalmente suavizado. Aún así, el Gobierno tratará de impedir su puesta en marcha. El Ejecutivo tiene que tener la suficiente agilidad y prudencia para evitar que lo que quería hacerse de una manera se haga de otra, hay que analizar muy bien a qué se va a dedicar y cuál va a ser futuro de decisiones que ahí se tomen, ha advertido Sáenz de Santamaría.

Puigdemont

El Gobierno, sin embargo, no recurrirá ante Tribunal Constitucional la fórmula que empleó el presidente de la Generalitat para tomar posesión. En la Moncloa se argumenta que si Carles Puigdemont obvió ese día cualquier referencia a la Constitución y al Rey, sí acató la Carta Magna cuando accedió a su puesto en el Parlament.

El Ejecutivo había encargado un informe a la Abogacía del Estado para concretar la manera de proceder. Sáenz de Santamaría subraya, sin embargo, el rigor de los servicios jurídicos, que desaconsejan un recurso que no sería estimado. El Estatuto de Cataluña no obliga a jurar lealtad al Monarca o la Constitución.

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