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Melchor Sáiz-Pardo
Miércoles, 20 de enero 2016, 13:45
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel, sin posibilidad de fianza, a los cinco máximos responsables del multimillonario fraude de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), la empresa estatal dependiente del Ministerio de Agricultura que durante casi una década ... infló contratos valorados en más de 620 millones de euros para desviar a bolsillos privados entre 20 y 25 millones con la connivencia de las principales constructoras de España.
La decena de empresas implicadas en la trama del agua pagaron todo tipo de sobornos a los dirigentes de Aquamed para que éstos hicieran la vista gorda a la hora de inflar los contratos que supusieron un sobre coste para las arcas públicas superior a los 20 millones de euros.
Los investigadores, que se han incautado hasta de 150.000 euros en billetes de 500 en casa de uno de los directivos de Acuamed, han constatado que las constructoras que eran beneficiadas con los contratos y con los sobrecostes llegaron a pagar hasta implantes de pelo a los altos funcionarios del Ministerio de Agricultura a cambio del amaño de las adjudicaciones. También han descubierto el pago de costosos viajes a los mandatarios de Acuamed, incluido un 'todo incluido' a Turquía.
El magistrado Eloy Velasco, a petición de la fiscal Inmaculada Violán, ha decretado cárcel preventiva para el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; su delegado en Valencia, Pablo Martín, y Nicolás Steegmann, presidente de Altec.
Todos ellos están acusados entre otros delitos de fraude, falsedad en documento público, malversación, cohecho y maquinación para alterar el precio de concursos públicos.
El auto explica que al menos desde mediados de 2014 el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, ha urdido junto con otras personas un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de presiones) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos.
Todo ello, dice el juez, con el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros implante de pelos o viajes a Turquía- a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades.
Las irregularidades se vislumbran, asegura Velasco, en al menos seis contratos públicos: desaladora de bajo Almanzora en Almería; descontaminación física del pantano de Flix; presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; cerro colorado de Murcia y presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
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