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Mateo Balín
Sábado, 16 de enero 2016, 07:42
La Audiencia Nacional ha considerado que el Estado es responsable civil de los delitos cometidos por los reclusos que estén con permisos carcelarios o en tercero grado. La Sala de lo Contencioso ha condenado a la Administración a indemnizar con 20.000 euros a un ... joven zaragozano, Ramiro David H. M., al que dos reclusos en la calle tirotearon y apuñalaron en el barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa en julio de 2010.
Los autores de la tentativa de homicidio fueron los hermanos José Luis y Antonio A. L., a los que Audiencia de Zaragoza condenó a sendas penas de 12 y cinco años de cárcel en agosto de 2012. Pese al empeño de la víctima y de su abogado, el penalista José Cabrejas, en demostrar que la concesión de sus beneficios penitenciarios fue «manifiestamente inadecuada», en ningún momento se reconoció en la sentencia de instancia al Estado como responsable civil subsidiario.
Para el abogado, la alegría es doble porque luchó y recurrió a la Audiencia para que Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, fuera responsable civil de la tentativa de homicidio contra su cliente, porque si bien los hechos se produjeron en la vía pública y no en la prisión, los autores de los disparos «se encontraban sometidos, de algún modo, a reglamentación penitenciara». Con el 'caso Alcàsser' el Estado ya tuvo que desembolsar 1,8 millones por el permiso del preso Antonio Anglés.
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