Mateo Balín
Viernes, 15 de enero 2016, 11:23
La cronología de este auténtico agujero negro judicial comenzó en agosto de 2013. En plenas vacaciones veraniegas, el juez Ruz, entonces instructor de la causa de la caja B de los populares, recibió un acta pericial de los ordenadores que utilizó Bárcenas en su despacho ... de la sede de la calle Génova, entre marzo de 2010 y enero de 2013.
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Ruz apreció indicios de delito y se inhibió en favor de un juzgado ordinario de Madrid por carecer de competencia para investigar los hechos.
El órgano que recibió este regalo envenenado fue el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Su titular entonces, la magistrada María Esperanza Collazos, dio carpetazo sin formular diligencias para sorpresa de las acusaciones populares.
Las partes recurrieron este archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, cuál fue la sorpresa, que el expediente del caso se extravió y el caso estuvo parado más de un año.
El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación para saber qué había ocurrido, pero las pesquisas acabaron en saco roto. En febrero de este año, el juzgado de Madrid pidió de nuevo a las partes la documentación que aportaron en su día para reconstruir el procedimiento.
En marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de resolver el recurso definitivo, nombró ponente del caso al magistrado Ignacio Sánchez Yllera. Los tres magistrados ya han deliberado y por fin han resuelto.
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