¿Quién destruyó los ordenadores de Bárcenas?

Ruz apreció indicios de delito y se inhibió en favor de un juzgado ordinario de Madrid por carecer de competencia para investigar los hechos.

El órgano que recibió este regalo envenenado fue el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Su titular entonces, la magistrada María Esperanza Collazos, dio carpetazo sin formular diligencias para sorpresa de las acusaciones populares.

Las partes recurrieron este archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, cuál fue la sorpresa, que el expediente del caso se extravió y el caso estuvo parado más de un año.

El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación para saber qué había ocurrido, pero las pesquisas acabaron en saco roto. En febrero de este año, el juzgado de Madrid pidió de nuevo a las partes la documentación que aportaron en su día para reconstruir el procedimiento.

En marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de resolver el recurso definitivo, nombró ponente del caso al magistrado Ignacio Sánchez Yllera. Los tres magistrados ya han deliberado y por fin han resuelto.