Julián Muñoz vuelve a pedir perdón y asegura estar arrepentido

Más demacrado que en su anterior aparición pública (el pasado mes de septiembre en el juicio por el caso Fergocon), el exalcalde de Marbella se ha dirigido al tribunal, apoyado en una muleta, pidiéndole que le excuse de asistir a todas las sesiones del juicio debido a su precario estado de salud. A su lado, Juan Antonio Roca, con un semblante más saludable, le ha ayudado a incorporarse del asiento y le ha preguntado cómo se encontraba.

Los exediles que se han acogido al pacto con la Fiscalía son Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá y Francisco Javier Lendínez.

La abogacía del Estado ha solicitado la suspensión del juicio, que ha sido apoyada por la representante de la Fiscalía y el abogado del Ayuntamiento de Marbella para estudiar una prueba pericial que ha sido aportada por una de las defensas el pasado 5 de enero.

La abogada de Roca ha argumentado en las cuestiones previas que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido, el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva, que le han provocado indefensión. Rocío Amigo ha recordado que esta causa conocida como 'caso Goldfinger' se inició cuando 'Malaya' ya estaba en instrucción, por lo que "debería haberse acumulado". Ello, según la letrada, provoca infracción del derecho a la tutela judicial efectiva porque Roca ha sido condenado ya a 17 años de prisión por 'Malaya' y "ahora se le pide 8 años más por este caso". Ha destacado además que Roca cumplirá el próximo mes de marzo diez años en la cárcel y que "no se ha beneficiado de ningún permiso, que siempre se le ha denegado, porque la Fiscalía Anticorrupción alega que tiene casos pendientes, y que siempre presenta procesos sin acumularlos". En ese sentido, ha explicado que recientemente ha presentado 102 procedimientos más contra Roca.

156 años de cárcel

Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y otras 16 personas, entre exconcejales, abogados, empresarios, asesores fiscales y empleados de banca, están siendo juzgadas por la Audiencia Provincial de Málaga por la recalificación urbanística de la parcela que ocupaba la casa del famoso actor Sean Connery en Marbella, en donde se construyeron 72 viviendas y por el supuesto fraude fiscal cometido posteriormente en la venta de los apartamentos. En el conocido como 'caso Goldfinger', la Fiscalía Anticorrupción solicita 156 años de cárcel para un total de 18 acusados.

El exalcalde Julián Muñoz se enfrenta en este proceso a una pena de cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de fraude. Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella, considerado inductor de los mismos delitos y autor de otro de cohecho pasivo (recibir sobornos), se enfrenta a ocho años de prisión.

El 'caso Goldfinger' tomó cuerpo en 2007 a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por varios convenios con supuestas irregularidades de la época más dura del 'gilismo'. En este procedimiento hay tres acuerdos urbanísticos que están en entredicho.

La acusación pública incide en dos aspectos: las supuestas irregularidades urbanísticas en la recalificación de los terrenos y los mecanismos utilizados, presuntamente, para evitar el pago de impuestos por la venta de las viviendas. Las sociedades implicadas son, por un lado, Malibú S. A., que era propiedad del matrimonio Connery y estaba representada por los dos abogados acusados, del despacho Díaz-Bastién de Marbella, y, por otro la mercantil, By The Sea, también de estos letrados, que se enfrentan a 34 años y 26 años de cárcel, respectivamente, por supuestos delitos fiscales.

Roca, el urdidor

Juan Antonio Roca y estos abogados, junto al empresario acusado, fueron, según la Fiscalía Anticorrupción, quienes urdieron la trama para beneficiar a los dueños de ambas sociedades. Uno de los convenios se firmó con Malibú S.A. y los otros dos, con By The Sea, que había adquirido la finca colindante a la del matrimonio Connery y que adquirió después también la parcela del actor. Para la acusación pública se trata de una sociedad de opaca.

Los dos solares agrupados llevaron aparejados un incremento de edificabilidad y, donde apenas se permitía la construcción seis viviendas, se permitieron finalmente 72. Los convenios suscritos significaron, además, menos aprovechamientos urbanísticos de los que les correspondía al Ayuntamiento de Marbella y se habría realizado una tasación a la baja de su valor. Todo ello habría supuesto un presunto perjuicio económico para las arcas municipales valorado en 2,77 millones de euros.

Los convenios fueron firmados por Julián Muñoz y las licencias al proyecto básico y de ejecución se concedieron en sendas comisiones de gobierno en mayo de 2002 y en abril de 2003, por lo que fiscal acusa a los concejales que participaron en las mismas. Roca, según Anticorrupción, iba a recibir dos apartamentos del complejo Malibú como contrapartida a los supuestos favores prestados, aunque su detención por el 'caso Malaya' en 2006 frustró la recepción de las viviendas. La acusación sostiene también que habría existido una falsedad documental con los dos empleados de banca implicados para que el exasesor urbanístico no figurara como beneficiario de los apartamentos.