El juez lleva a juicio a 27 imputados por los contratos de Gürtel con la Generalitat valenciana

En este procedimiento, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se investigan presuntas irregularidades en contratos entre la Generalitat valenciana en la época de Francisco Camps y sociedades del grupo de Correa, supuesto cabecilla de la red corrupta.

En un auto de 116 páginas, el instructor envía esta pieza a juicio ante la Sala de Penal de la Audiencia contra, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, así como contra altos cargos y funcionarios de la Generalitat en la época de los hechos, como el exdiputado del PP David Serra y los exconsejeros Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera.

Señala el juez que la apertura de juicio oral se realiza por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos. Asimismo, les impone fianzas pecuniarias, en concepto de multas más el tercio que establece la ley, por un total de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños y fianzas que van desde los 4.320 a los 66.667 euros para otros de los acusados.

Modus operandi delictivo

El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de las plurales actuaciones llevadas a cabo por los seis acusados mencionados, entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y/o gestionadas por ellos mismos mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana consiguieron, con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas del erario público autonómico, la adjudicación y contratación irregular de numeroso contratos públicos con diversas consejerías, así como con organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat.

Añade que, para ello, actuando de modo concertado con autoridades y funcionarios públicos, realizaron toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar la aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública y alterar los documentos necesarios para conseguir tal finalidad, siguiéndose otras piezas para la investigación del resto de adjudicaciones presuntamente delictivas.

En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional da un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos de defensa y proposición de prueba frente a las acusaciones formuladas.